La reciente noticia de que el Banco Central de Polonia evalúa liquidar cerca del 15% de sus significativas reservas de oro para financiar un drástico aumento en su gasto militar —y coquetear con la idea de desarrollar una bomba atómica— debe encender todas nuestras alarmas. Tras haber multiplicado por cinco sus reservas de oro desde 2022, ante la desconfianza en el dinero fiduciario y el euro, el Estado polaco pretende ahora consumir ese ahorro. Y no es el único: se sugiere que potencias como Estados Unidos y Alemania podrían seguir este peligroso sendero para costear sus presupuestos de defensa sin incrementar una deuda pública ya tensionada.
Desde la lente de la praxeología, este movimiento representa un claro ejemplo de consumo de capital y empobrecimiento generalizado. El economista Frédéric Bastiat nos advirtió sobre el error de fijarnos solo en “lo que se ve y lo que no se ve”. Lo que se ve es el rearme, la acumulación de capacidad militar y la ilusión de seguridad nacional. Lo que no se ve es el inmenso costo de oportunidad: el capital real, resguardado en el oro, que se detrae de la economía para destinarse a gastos de naturaleza esencialmente destructiva. El Estado no puede dar ni gastar nada que no haya detraído previamente de la sociedad productiva. Cambiar activos sólidos por armamento no es una inversión; es una erosión sistemática de la prosperidad.
Además, debemos recordar la advertencia del pensador Randolph Bourne: “la guerra es la salud del Estado”. Bajo la excusa de la defensa nacional ante un entorno geopolítico incierto, el Estado justifica la expansión de su poder, su tamaño y su dominio sobre la economía y la sociedad. La liquidación de activos como el oro surge como una vía para financiar este militarismo sin el costo político inmediato de elevar impuestos, pero el resultado es equivalente: la sociedad se empobrece. Las guerras y los procesos de rearme de los Estados solo pueden financiarse mediante cargas directas o indirectas sobre los contribuyentes.
Otras herramientas, si se busca legitimar éticamente una decisión política de esta naturaleza, podrían ser mecanismos como referéndums o consultas populares. Esto permitiría confirmar si la población está dispuesta a asumir de forma voluntaria su empobrecimiento a cambio de un mayor gasto en defensa frente a una amenaza concreta. De lo contrario, cabe preguntarse si en países como Polonia —ubicado en una posición intermedia en índices globales de transparencia— pueden existir motivaciones cuestionables, agravadas por el peso histórico de eventos como la invasión del 1 de septiembre de 1939, que condicionan la percepción de amenaza y facilitan decisiones de esta magnitud.
Más alarmante aún es el interés en poseer armas nucleares. Desde una perspectiva ética, las armas de destrucción masiva resultan difícilmente justificables, ya que no distinguen entre combatientes y población civil; su sola existencia constituye una amenaza global. El aparato estatal que se presenta como garante de seguridad frente a agresiones externas puede convertirse, paradójicamente, en una fuente de riesgo de escala inédita.
La lección internacional es clara: la venta de ahorros genuinos para financiar la maquinaria bélica no garantiza la paz, sino que compromete el bienestar económico. Mientras persista la idea de que el Estado y sus ejércitos son la principal garantía de seguridad, se corre el riesgo de sacrificar riqueza y estabilidad en nombre de una protección que no siempre se traduce en mayor seguridad.
El autor es analista independiente.
