En Panamá tenemos la capacidad de olvidar rápidamente los debates del pasado, aunque sigamos sufriendo sus consecuencias en el presente. Hoy resulta llamativo el contraste entre el impulso dado al Proyecto de Ley 443 sobre la mezcla obligatoria de etanol en la gasolina y el destino que han tenido las iniciativas anticorrupción. Varios diputados defendieron con ahínco esta ley, que beneficiaría principalmente a los grandes productores de caña de azúcar con fuertes vínculos políticos. El proyecto avanzó con relativa rapidez hasta segundo debate, pero finalmente fue suspendido por el Pleno. Este contraste expone una preocupante selectividad legislativa.
El verdadero problema no radica en la ley del etanol en sí, sino en la prioridad que se le otorga frente a temas mucho más estructurales para el país. Mientras se impulsa con rapidez una iniciativa de carácter sectorial, las reformas necesarias para combatir la corrupción han sido sistemáticamente frenadas o diluidas. Es grave que, durante años, múltiples proyectos anticorrupción hayan sido rechazados o estancados en comisiones. Un caso reciente ocurrió en octubre de 2025, cuando la Comisión de Gobierno rechazó los proyectos de ley 291 y 292 presentados por la Procuraduría General. Estas propuestas buscaban crear una Ley General Anticorrupción, modificar el Código Procesal Penal para agilizar las investigaciones y aumentar las penas por delitos contra la administración pública.
Históricamente, la Asamblea Nacional ha bloqueado o debilitado otras iniciativas fundamentales: la ley de enriquecimiento injustificado, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la ley de extinción de dominio, la protección efectiva a denunciantes y testigos, y reformas para mejorar el control patrimonial de funcionarios públicos. Muchas de estas propuestas han muerto en comisiones con argumentos jurídicos débiles o simplemente sin mayor debate. Esta conducta sistemática genera una percepción peligrosa: que existe mayor voluntad política para aprobar leyes que favorecen intereses privados y sectoriales que para fortalecer las instituciones y reducir la impunidad.
Cada vez que se rechaza una herramienta efectiva contra la corrupción, se pierde una oportunidad valiosa para cambiar realmente el país. Como advertía Jürgen Habermas en Teoría de la acción comunicativa, la legitimidad democrática depende de una esfera pública deliberativa donde las decisiones se tomen mediante procesos de comunicación orientados al bien común, y no solo mediante acuerdos entre élites. Cuando las leyes se impulsan sin transparencia ni debate riguroso, se erosiona gravemente el vínculo entre poder y legitimidad. Por su parte, Guillermo O’Donnell explicó en Delegative Democracy cómo las democracias pueden degradarse internamente hasta convertirse en “democracias delegativas”, donde los gobernantes actúan con escasos controles y la rendición de cuentas se vuelve simbólica. Su concepto de “Estado de baja intensidad” describe con precisión la realidad panameña: un Estado que existe formalmente, pero que falla en contener a las élites y garantizar derechos efectivos a la ciudadanía.
Es necesario fortalecer las leyes de transparencia para cerrar las puertas a la opacidad y al clientelismo que tanto daño han hecho al país. Sin embargo, seguimos priorizando temas secundarios mientras se postergan sistemáticamente las normas que atacarían la corrupción y el clientelismo de raíz. Seguimos entretenidos en politiquería cuando deberíamos estar haciendo política en su sentido más noble: la búsqueda del bien común y la construcción de instituciones sólidas. Nos distraemos discutiendo cuál político es más popular en redes sociales, no por su trabajo legislativo o su integridad, sino por su imagen, sus frases virales o su capacidad para generar likes y trending topics.
Lo más triste es que, si algo tiene que motivar una protesta real en Panamá, es precisamente cuando no se le da trámite a una ley que sancione la corrupción. Porque los mismos políticos que votan en contra de estas iniciativas mañana seguirán viviendo cómodamente de sus privilegios políticos y económicos, observando las consecuencias de sus actos desde un sillón de comodidad. Si no son invitados como “grandes expertos” en los espacios televisivos nacionales, lo más seguro es que sean reelegidos o dejen a un familiar en su mismo cargo, y nadie les pregunte por qué votaron en contra de las leyes anticorrupción en su momento. Al final, la mayoría de los panameños olvida.
Para romper este círculo vicioso, es urgente que la ciudadanía exija rendición de cuentas real, apoye a los diputados que prioricen las reformas anticorrupción y castigue en las urnas a quienes las bloquean sistemáticamente. Solo con memoria, presión constante y exigencia cívica se podrá avanzar hacia un Panamá más justo y transparente.
El autor es abogado, docente y doctor en Derecho.
