En el contexto actual, Panamá enfrenta un desafío que trasciende la coyuntura política: recuperar su soberanía económica y alimentaria. No se trata únicamente de un debate técnico, sino de una necesidad urgente que la población percibe con claridad. El ciudadano común exige que el dinero circule, que la economía sea dinámica y que la producción local pueda sostener a la nación sin depender en exceso de importaciones.
La soberanía económica implica que el país decida con independencia sobre sus recursos, su modelo de desarrollo y sus prioridades productivas. Hoy, sin embargo, el peso del endeudamiento, las decisiones externas y la falta de planificación han limitado esa capacidad. Panamá necesita políticas públicas que estimulen el emprendimiento, protejan la industria nacional y fortalezcan el mercado interno.
En cuanto a la soberanía alimentaria, el reclamo es aún más evidente. No es aceptable que un país con tierra fértil dependa de las importaciones para poner comida en la mesa de sus habitantes. Apostar por la producción agrícola local, apoyar al pequeño y mediano productor y garantizar precios justos son pasos imprescindibles para asegurar que los panameños puedan alimentarse de lo que se produce en su propio suelo.
La economía no puede quedar atrapada en manos de pocos ni estancarse en la especulación. Es fundamental que los recursos lleguen a la clase trabajadora, al productor rural, al comerciante y al profesional independiente. Solo así la riqueza generada se traducirá en bienestar colectivo.
Sin embargo, un factor interno asfixia nuestra economía: la excesiva regulación. Panamá construyó su desarrollo sobre una economía de servicios ágil, competitiva y abierta al mundo. Hoy, la burocracia, las cargas impositivas desmedidas y las trabas regulatorias afectan gravemente la capacidad de atraer inversión y generar empleo. Urge revisar el marco normativo para liberar el potencial del sector financiero, logístico y comercial, verdadero motor de la nación.
En este esfuerzo, Panamá debe activar de manera decidida sus relaciones internacionales. Resulta indispensable establecer un canal directo con el gobierno del presidente Donald Trump y solicitar apoyo a nuestro principal socio, los Estados Unidos. La cooperación en materia de inversión, comercio y seguridad puede convertirse en un pilar estratégico para impulsar el crecimiento y fortalecer nuestra soberanía.
En conclusión, el país reclama con voz firme soberanía económica, soberanía alimentaria y un dinamismo económico real. No son consignas abstractas, sino condiciones básicas para garantizar el futuro de las próximas generaciones.
El autor es abogado.
