Para definir qué́ tipo de país queremos tener, debemos comenzar por definir primero qué rol debe cumplir el Estado.
Proponemos un Estado moderno, pequeño en relación al tamaño de la economía pero capaz de proveer servicios básicos con calidad a la población.
Un Estado que sirva de facilitador para que la iniciativa privada se convierta en el sector má́s importante en el país. Un Estado que promueva la inversión privada, de tal manera que se generen los empleos que la sociedad requiere y que combata los monopolios que la economía de libre mercado -por sus imperfecciones- a veces genera.
Un Estado que regule los monopolios naturales como los de la distribución de energía y agua, garantizándole a la población un servicio de calidad a los mejores precios posibles.
Para que exista la justicia y gobernanza necesaria en un país democrático y libre y a fin de poder proveer estos servicios básicos de calidad, se deberá contar con recursos para su funcionamiento y tener la capacidad de invertir en la infraestructura requerida.
El Estado deberá contar con los ingresos necesarios para cubrir estos gastos, para ello deberá recaudarlos en base a un sistema tributario justo y equitativo que grave a los ciudadanos de acuerdo a su capacidad económica y su consumo de bienes y servicios, de manera que las cargas se distribuyan equitativamente.
Este sistema de recaudación tributaria justo le permitirá́al Estado cumplir con su rol de distribuidor de las riquezas entre los que más tienen y aquellos que no tienen la capacidad económica necesaria para sufragar la educación, salud y vivienda de sus familias.
Si queremos tener una sociedad justa y sostenible en el tiempo, este rol es crucial, a fin de que todos tengan las mismas oportunidades en la sociedad y que se pueda hacer realidad la superación profesional de los más capaces y apoyar a la vez a aquellos que más necesiten de la ayuda de la sociedad.
Vale la pena destacar un hecho muy importante: durante los últimos 30 años, el crecimiento de Panamá́ ha sido de un extraordinario 6% en promedio, lo que ha cuatriplicado el ingreso nacional durante ese período, situación que no se ha visto en ningún otro país de Latinoamérica. Con este ingreso, nuestro país debería haber eliminado la pobreza y la desigualdad en la distribución de la riqueza, provisto de una educación de calidad, permitiendo la superación de los jóvenes del país además de proveer a sus ciudadanos un servicio de salud universal, con atención de calidad, y con una economía que genere empleos dignos para todos sus ciudadanos acercándose a la meta tan aspirada del pleno empleo.
Lamentablemente en la actualidad el nivel de pobreza alcanza un 20% de la población o casi un millón de personas pobres, porcentaje que aumenta en forma dramática en las comarcas indígenas alcanzando en ellas hasta un 90% de pobreza y desnutrición.
Si hablamos de empleo vemos que el nivel de desempleo y subempleo alcanzan al 9.9% y al 48% de la población económicamente activa, lo que representa a más de 1.2 millones de personas que se encuentran en situación de necesidad y angustia para cubrir sus necesidades básicas. Por último, mas no menos importante, en ese año Panamá́ ocupó́ el vergonzoso rango de ser el tercer país más desigual en Latinoamérica.
Todos estos datos nos dicen que, pese a la gran riqueza generada en Panamá́, el Estado ha fallado y no ha cumplido con su rol de proveer servicios básicos de calidad y de distribuidor de riqueza. A pesar de que algunos indicadores han mejorado, no se ha logrado aún proveer a la población de los servicios de educación salud, transporte, seguridad, justicia a los que tienen derecho y todo ello debido a: la ineficiente gestión del Estado, la corrupción y el clientelismo.
Es por ello que creo que debemos revisar en primera instancia la política fiscal clientelista del Estado, revisar los subsidios y las exoneraciones innecesarias y atacar la evasión fiscal, que han debilitado su capacidad para hacerle frente a sus responsabilidades nacionales.
Es imperativo atacar la corrupción y extirpar este cáncer de las entrañas del Estado, diseñando las políticas y tomando las acciones necesarias para hacerlo más eficiente y cumplir así con el principal mandato de la sociedad que es el tener un Estado eficiente que provea los servicios públicos básicos de calidad y disminuir substancialmente la pobreza y la desigualdad existente, enfocando la acción y los recursos en aquellos más vulnerables.
Todo lo anterior es posible lograrlo en un ambiente democrático, de respeto a las libertades individuales, a los derechos de los ciudadanos y del ambiente, a las leyes y a la Constitución, de manera de procurar el bienestar general a los ciudadanos y construir el Panamá́ que todos queremos.
El autor es economista
