La sostenibilidad del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS) se ha convertido en un tema urgente. Este desafío ha alimentado debates que, aunque necesarios, a menudo no consideran la conexión intrínseca entre la seguridad social y la educación. Ambos son pilares esenciales para la estabilidad social y el desarrollo sostenible, pero rara vez se integran explícitamente en las políticas públicas. Esto plantea una pregunta crucial: ¿puede la educación convertirse en el motor que impulse la sostenibilidad del sistema de seguridad social en Panamá?
El sistema enfrenta una crisis estructural derivada de factores como el envejecimiento poblacional, el aumento de la esperanza de vida y, principalmente, la informalidad laboral. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 40% de los trabajadores panameños pertenece a la economía informal, lo que afecta directamente la capacidad de financiamiento del sistema.
En este contexto, la educación no es solo una herramienta de movilidad social, sino una estrategia clave para reducir la informalidad y ampliar la base de contribuyentes al sistema de pensiones. Estudios del Banco Mundial indican que cada año adicional de educación formal aumenta los ingresos individuales en un 10%, lo que no es menor en un país donde gran parte de la población activa no contribuye al CSS. Este incremento de ingresos fortalecería la seguridad social, mejoraría la estabilidad económica familiar y potenciaría el desarrollo nacional.
Sin embargo, no basta cualquier tipo de educación. Es necesario promover una formación orientada a las demandas actuales y futuras del mercado laboral, priorizando competencias técnicas, valores de sostenibilidad y alfabetización financiera. Estas habilidades fomentan una cultura de ahorro y planificación a largo plazo, fundamentales para la seguridad social y la estabilidad económica de los hogares.
La transición hacia una economía más verde y digital amplía esta oportunidad. Según la CEPAL, América Latina necesitará crear más de 15 millones de empleos verdes en la próxima década. Panamá debe posicionarse para aprovechar esta oportunidad, fortaleciendo la educación técnica, capacitando a jóvenes y trabajadores excluidos, y cerrando brechas educativas que perpetúan la desigualdad.
El debate sobre la reforma a la CSS no debe limitarse a medidas financieras o cambios paramétricos. Es imprescindible un enfoque integral que reconozca a la educación como pieza clave para abordar las raíces del problema. Esto incluye robustecer la educación técnica, rediseñar la carrera docente y garantizar inversiones efectivas en calidad educativa y equidad. Estas iniciativas no solo fortalecerán la seguridad social, sino que también incrementarán la competitividad económica del país.
Finalmente, la sostenibilidad del sistema requiere una visión a largo plazo que trascienda soluciones inmediatas. Vincular las reformas a la CSS con una apuesta estratégica por la educación representa una oportunidad para redefinir el modelo de desarrollo nacional. Es fundamental que los tomadores de decisiones actúen con responsabilidad y que la ciudadanía exija políticas coherentes, inclusivas y sostenibles. Construir un Panamá más equitativo y resiliente está en nuestras manos, y la educación es el eje transformador para lograrlo.
El autor es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación.
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