A 15,620 kilómetros de Panamá, como un faro encendido en el horizonte, arde el Parlamento Federal de Nepal. Más enardecidos aún permanecen cientos de jóvenes que, entre la rabia y la melancolía, apuntan sus celulares hacia el edificio legislativo, permitiendo que miles más, a través de un efecto dominó, presencien las imágenes de un país en llamas.
El incendio del Parlamento nepalí se ha convertido en uno de los eventos más representativos de las recientes protestas de la llamada Generación Z. Pero no fue un hecho aislado: linchamientos de políticos y servidores públicos, la dimisión del primer ministro comunista Sharma Oli y más de mil heridos en las jornadas de manifestación expresan el declive de todo el aparato estatal.
Para comprender este suceso, debemos considerar varios elementos. Nepal es una democracia incipiente, surgida tras una guerra civil y la abolición de la monarquía. Este país, que colinda con India y China, ha visto desde entonces el desprestigio de su clase política alcanzar niveles intolerables.
Según la Encuesta Nacional de Integridad Pública y el Barómetro de la Corrupción de Asia, uno de cada diez nepalíes debe pagar sobornos para acceder a servicios públicos. De hecho, el 84% de la población considera que el principal problema del país es la corrupción rampante, lo que agrava las enormes brechas sociales. Uno de cada cinco habitantes vive en la pobreza, en medio de una economía dependiente de las remesas de los emigrantes, mientras un pequeño grupo privilegiado domina y vulnera las libertades y derechos de la ciudadanía.
El punto de inflexión se dio cuando el gobierno prohibió 26 plataformas digitales para evitar el escrutinio público y controlar los medios de comunicación. Fue un intento por silenciar contenidos que exponían el estilo de vida suntuoso y el despilfarro de los llamados “NepoKids”, hijos de la misma clase política desacreditada.
Nepal nos recuerda la esencia de la política: la búsqueda de la felicidad y el bienestar del pueblo. El Estado no existe solo como un aparato burocrático estático y omnipresente que regula la vida diaria, sino como garante de que los ciudadanos, mediante su inventiva y esfuerzo, puedan alcanzar sus metas y objetivos existenciales.
Pero hay una discusión aún más profunda: los derechos digitales no son opcionales ni accesorios; son el centro de la acción humana en el mundo contemporáneo. Son transversales a las dinámicas sociales, culturales, económicas y políticas del siglo XXI.
Ejemplo de ello es que los nepalíes eligieron a su nueva primera ministra, Sushila Karki, mediante la plataforma Discord, un hecho histórico que replantea la manera en que concebimos la democracia y su relación con los ciudadanos, tanto en su versión electoral como en su finalidad social y política.
Aunque desde nuestra latitud observamos con distancia estos procesos, debemos reflexionar sobre nuestro propio devenir nacional. El corte del suministro de Internet tras la suspensión de las garantías constitucionales en la provincia de Bocas del Toro, durante las protestas contra la Ley 462 en junio pasado, revela una conducta autoritaria de un gobierno que no tolera la crítica ni el disenso ciudadano.
En el devenir de las naciones no podemos olvidar la advertencia de Thomas Jefferson, quien con palabras atemporales afirmó que “el precio de la libertad es la eterna vigilancia”.
Mientras tanto, como individuos, no debemos renunciar a nuestro deber de monitorear la calidad democrática de nuestros gobiernos y avanzar en la construcción de sociedades cada vez más abiertas, libres y conscientes.
El autor es amigo de la Fundación Libertad.
