Los derechos culturales son una categoría fundamental de los derechos humanos que reconocen la importancia que tienen la identidad cultural, la diversidad, las memorias y las expresiones creativas en la protección de la dignidad y en el desarrollo integral de las personas y las comunidades.
A pesar de su lento desarrollo jurídico, en comparación con los derechos civiles y políticos, e incluso con los económicos y sociales, los derechos culturales han cobrado relevancia en las últimas décadas debido al creciente protagonismo político de las diversas demandas de reconocimiento cultural que emergen en todo el mundo.
La promulgación de la Ley General de Cultura en 2020 es un hito en la historia del derecho cultural panameño. Esta ley establece un amplio catálogo de derechos culturales, como el respeto a la identidad cultural propia y a la pertenencia a comunidades culturales, la protección del patrimonio cultural y la preservación de las memorias colectivas, la participación en la vida cultural y en la toma de decisiones públicas en cultura, el acceso equitativo a bienes y servicios culturales, el derecho a acceder, producir y difundir contenidos culturales en la esfera digital, así como las libertades de creación artística, expresión cultural e investigación.
Este reconocimiento representa un cambio de paradigma, ubicando la promoción, respeto y garantía de los derechos culturales como eje transversal de todas las acciones del Ministerio de Cultura. Sin embargo, en nuestro país aún existe un gran desconocimiento sobre su alcance, contenido y mecanismos para su efectiva protección y ejercicio.
La norma impone al Ministerio de Cultura la obligación de formular políticas públicas que garanticen, de manera universal, los derechos culturales de toda la población, haciendo énfasis en la protección de los derechos de grupos sociales tradicionalmente marginados o vulnerados: niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas, población afropanameña y mujeres.
Así, el principal desafío para el Ministerio de Cultura en los próximos años será asumir los derechos culturales como el nuevo paradigma que guíe su accionar. Esto implica formar a los directivos y personal de la Institución en la materia, diseñar los planes operativos de las distintas direcciones desde la perspectiva de derechos y, reitero, formular políticas públicas con enfoque de derechos culturales.
El Ministerio de Cultura también debe establecer alianzas con la academia con el fin de crear programas que formen de manera permanente a los agentes culturales de la sociedad civil en los fundamentos, principales instrumentos normativos, políticas públicas y mecanismos de exigibilidad de los derechos culturales. Los gestores y mediadores culturales deben pensar sus proyectos en clave de derechos, no solo porque las propuestas que financie el futuro Fondo Nacional de Culturas deben generar impactos sociales comprobables, sino porque el fortalecimiento de la ciudadanía cultural es un esfuerzo colectivo.
En última instancia, el éxito en la implementación de estos derechos dependerá del compromiso de todos los actores del ecosistema cultural para garantizar la cultura como derecho humano y bien público global.
El autor es abogado, docente universitario y gestor cultural.
