Inspirado en organismos similares, y cumpliendo el mandato de los presidentes centroamericanos, que reunidos en Esquipulas el 25 de mayo de 1986, habían aprobado su creación, el 28 de octubre de 1991, se celebró la Sesión Plenaria de instalación del Parlamento Centroamericano (Parlacen), en Guatemala.
De acuerdo con su tratado constitutivo, cada uno de los estados parte estaría representado por 20 parlamentarios, escogidos de acuerdo al método que establecieran en sus legislaciones nacionales. En algunos países la elección es mediante el voto popular directo y en otros, caso de Panamá, casada con la elección presidencial. Los votos que reciben los candidatos presidenciales, partidistas o de libre postulación, determinan, porcentualmente, cuántas curules corresponden a cada una de las listas asociadas a sus candidaturas. A esos 20 diputados se le agregan, sin que pasen por procesos de elección, los expresidentes y exvicepresidentes.
Los mandatos que debe cumplir el Parlacen, al ser comparados con las realidades que vive la región, evidencian el enorme desfase que existe entre aquellos y estas, que alejan hasta extremos inalcanzables los objetivos integracionistas y de fortalecimiento de la democracia.
Tanto el Parlacen como el denominado Sistema de Integración Centroamericano (Sica), en los momentos actuales habitan en el mundo de las quimeras; de los sueños irrealizables. Sus reuniones siguen aprobando resoluciones carentes de trascendencia y, al presente, del Parlacen solo se escucha cuando algunos de sus miembros ocupan los titulares de los diarios producto de sus involucramientos en procesos judiciales, en los que alegan a su favor y como protección para evadir la justicia, los privilegios e inmunidades que les reconoce el tratado del Parlacen. Una de las diferencias notables entre el tratado del Parlacen y, por ejemplo, la Carta de la OEA, es que el primero no incluye cláusulas para su denuncia. Ese hecho sirvió para dar al traste con la ley aprobada en el año 2012, por la Asamblea Nacional y por la que nos desligábamos del Parlacen. Por tanto, ha llegado la hora de afrontar la necesidad de revisar profundamente, tanto el tratado del Parlacen como el Sica.
Los jefes de Estado de Centroamérica, por el tratado del Parlacen, tienen la potestad de revisarlo y proponer los cambios que pudieran transformarlo en un organismo útil; pero para ello se requiere que alguno tome la iniciativa. Nuestro país y aquellos que tratan de seguir las reglas de la democracia son los indicados para esa misión, que ya es impostergable.
El autor es abogado
