Recientemente en la comisión de presupuesto, el ministro del MEF explicó como las leyes especiales “han comido mucho del aumento a las posibilidades… o mucho de los aumentos del… una porción importante del aumento de los ingresos del gobierno, como se los han comido las leyes especiales”.
Todo un trabalenguas que concluye al decir que esto “afecta las posibilidades de todo el mundo”.
Obviamente que al ministro del MEF le da pena (lo que parece comprobarse cuando se le enreda su propia lengua al tratar de explicarlo), usar esta excusa para justificar públicamente su fracaso como gestor de las finanzas públicas. Porque él sabe que estos aumentos no se complementan, ni con la realidad financiera del Estado ni con una debida medición en el rendimiento de los beneficiados con estos continuos, innecesarios e ilógicos incrementos salariales. Lo más inconcebible es que con esta incoherente, pero al mismo tiempo alarmante intervención del ministro, en vivo y a todo color desde la comisión de presupuesto de la asamblea nacional, al espetar cómo este rubro que él denomina “la escalera”, se “come” el presupuesto al punto de “afectar las posibilidades de todo el mundo”, para utilizar sus palabras literales, este señor se mantiene en un cargo aprobando lo que él sabe y así lo explica, le perjudica al país.
Pero ahondemos en los números que presenta el MEF. Calcula que la planilla estatal desembolsará en 2024 unos $4,308 millones, de los cuales, unos $1,129 millones serán para honrar los ajustes correspondientes a 2024, producto de las leyes especiales. Cantidad que implica un aumento de $324 millones con respecto a los $805 millones contabilizados en incrementos salariales por leyes especiales en 2023. Esto significa que para el 2024, el incremento de salarios por leyes especiales representa un 26% de todo el dinero destinado al pago de la planilla. Según cálculos del MEF entre 2020 y 2024 se han desembolsado $19,644 millones en planillas, siendo el impacto de las leyes especiales la suma de $4,560 millones. A lo que agrega el ministro del MEF que el tema “no es fácil”. Obvio, cuando en América Latina Panamá es apenas, el segundo país después de Argentina, con mayor cantidad de servidores públicos respecto a la cantidad de personas ocupadas. Representando este rubro en nuestro país el 17.2% del total de los asalariados (en Argentina es el 18.2%).
Según nota MEF-2021-4493 de 1 de febrero de 2021, el ministro nos informó que había 148,739 funcionarios sujetos a leyes especiales (supuestamente el 41% de todos los servidores públicos según esa misma nota). Lo cual no cuadra con el último informe de planilla del sector público, publicado en agosto 2023, y que la coloca en 258,282 funcionarios. Es decir, existen en el gobierno más funcionarios sujetos a leyes especiales que funcionarios no beneficiados con esta dádiva. Pero sea cual fuere el número total de trabajadores, la planilla estatal erogó el año pasado 2022, la suma de $4,880 millones. Siendo también incongruente que en 2024 solamente se desembolsarán $4,308 millones. Y otro rubro interesante de aquella nota de 1 de febrero de 2021 firmada por este mismo ministro del MEF, es que la asignación aquel año a los 148,739 servidores públicos sujetos a leyes especiales, fue de $2,281 millones.
Me apena decirlo, pero hemos tenido un ministro del MEF incapaz y sumiso, según se perfila de sus propias palabras y frases. Porque a sabiendas de que esta situación de los aumentos generados por leyes especiales es perjudicial para las finanzas públicas, no hace absolutamente nada para evitarla, limitándose a decir que son gastos que presionan la planilla del gobierno central y de muy poca flexibilidad. Porque en lugar de presentar la iniciativa legislativa junto con el Órgano Ejecutivo, ya sea para detener, suspender o eliminar las leyes especiales, solo se queja. Aprobando lo que él sabe, perjudica las finanzas públicas al fomentarse con esta práctica nociva de aumentos automáticos, el desajuste del presupuesto nacional y el agotamiento y debilitamiento de nuestra economía a pasos agigantados.
Lamento mucho cerrar mi columna de opinión del año 2023 con esta realidad negativa. Que pudo haberse abordado y ajustado desde el 1 de julio de 2019, cuando este ministro del MEF llegó como el supuesto salvador del erario. Pero se limitó a permitir bajo su propio, permanente e irónico gemido cotidiano, el despilfarro y derroche de fondos públicos que hoy, lo colocan como el gran malgastador de Panamá, casi que duplicando la deuda de $26,612 millones recibida en 2019 que ya era alta, en $20,687 millones más para colocarla en $47,299 millones (faltando todavía seis meses de desgobierno).
Un inadmisible 18% del presupuesto modificado de 2024 se irá para pagar esa deuda pública. Porque para este ministro, el desbalance negativo entre ingresos y gastos solo se salva con deuda. Justificando que, durante la pandemia, a diferencia de otros gobiernos (con mucha más iniciativa que él, por cierto) tuvo que utilizar como estrategia financiera atorarnos y agotarnos en préstamos, disque para mantener la economía activa. Pero sin una sola reducción significativa del gasto, que incluye el mantenimiento en 2024, de los altos pagos en dietas y viáticos para los funcionarios favoritos más cercanos al poder, como los representantes del Estado en las directivas de corporaciones gubernamentales. Otro presupuesto electorero con una planilla excesiva, improductiva y clientelista que incluye $6,915 millones en burocracia, con una contracción mínima de $526.4 millones comparados con el primer presupuesto retirado; a costa del sacrificio de la inversión pública a la que le recortaron $1,537 millones.
Todo lo anterior y mucho más que no incluimos, nos hace calificarlo como el peor ministro en este quinquenio, del peor gobierno en la era democrática desde 1989 a la fecha.
El autor es abogado
