La relación entre el dinero y la política debe estar guiada por tres principios fundamentales de las democracias: participación e inclusión, equidad en la competencia y transparencia con rendición de cuentas. Cuando los fondos ilícitos, los escándalos de corrupción y los conflictos de interés permean la política, el proceso de toma de decisiones se ve afectado, comportando un serio riesgo de cooptación del Estado y aumentando el desencanto con los partidos políticos y las elecciones.
Panamá ha legislado e innovado en materia de financiación política, pero, dada la velocidad de los cambios que trae aparejada la revolución tecnológica, ciertos elementos y tendencias del debate mundial pueden contribuir a la reflexión futura en el seno de la Comisión Nacional de Reformas Electorales y, el año próximo, en la Asamblea Nacional.
Desde hace 30 años, en IDEA Internacional acudimos al llamado para asistir técnicamente los procesos de reforma sobre financiamiento político en la región y el mundo. Si bien la evidencia comparada permite identificar prácticas que tienden a estandarizarse, no se trata de copiar y pegar, sino de adaptar las normas y buenas prácticas a las características y necesidades del contexto de implementación. Incidir en la cultura política de los actores, asegurar la aplicación efectiva de sanciones y fortalecer la coordinación interinstitucional son claves para una reforma incremental y efectiva.
En un contexto global marcado por la incertidumbre radical y la polarización tóxica, tres grandes temas demandan atención urgente:
1. La revolución tecnológica. Las nuevas tecnologías de la información están transformando profundamente la política. La digitalización ha traído una paradoja: la misma infraestructura que amplía el acceso a la información facilita la circulación masiva de contenidos manipulados que distorsionan la realidad. Los algoritmos y su monetización, así como el mal uso de la inteligencia artificial, reproducen desigualdades y sesgos de acceso a la información, afectando la democracia al promover cámaras de eco y radicalización política. Dado el creciente poder de las compañías tecnológicas, es necesario profundizar la colaboración con ellas para combatir la desinformación, prevenir la violencia digital y mejorar la fiscalización de las campañas en redes sociales.
2. El dinero ilícito. La corrupción endémica y el avance del crimen organizado socavan el Estado de derecho democrático. Son fenómenos transnacionales con mecanismos cada vez más sofisticados que enfrentan órganos estatales con baja coordinación y débil presencia territorial. En las elecciones, especialmente a nivel subnacional, ha aumentado el uso de recursos ilícitos para financiar campañas de manera opaca. Además, persiste el uso de fondos públicos en prácticas clientelares y los conflictos de interés con privados, lo que se traduce en campañas más costosas.
3. La interferencia extranjera. Crece la preocupación por la injerencia de países o conglomerados transnacionales en procesos electorales de otros Estados mediante la propagación de narrativas desestabilizadoras o conspirativas que buscan alterar el comportamiento electoral y debilitar la soberanía democrática. El desarrollo de capacidades de monitoreo y análisis de amenazas digitales, mediante la cooperación internacional con agencias de inteligencia financiera y órganos electorales, es esencial.
Para finalizar, dos consideraciones deben guiar el próximo proceso de reformas en materia de financiamiento político. Por un lado, la creciente concentración del poder económico y del poder político deteriora la pluralidad democrática: a mayor colusión de intereses privados y públicos, más nepotismo y debilitamiento del Estado de derecho. El fortalecimiento de la sociedad civil, los órganos de control y los medios de comunicación independientes es clave para prevenir este riesgo. Por otro lado, la legislación debe encontrar un equilibrio entre garantizar una competencia política leal y la integridad electoral, y respetar derechos fundamentales como la libertad de expresión. Contrario a la narrativa antiderechos predominante, regular no es censurar, y la libertad de expresión no equivale a la libertad de agresión.
Liendo es oficial de Programa para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional y Ríos Tobar es directora Regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe.
