En las condiciones adecuadas y bajo lineamientos claros y justos, el futuro de esta República estaría encaminado a superar las desigualdades extremas y la falta de oportunidades, convirtiéndolas en un pasado del cual supimos aprender y mejorar. Mucho se habla de justicia y de la necesidad de hacer del sistema de justicia uno más robusto, independiente y eficaz, para que quienes delincan contra la administración pública y los fondos del Estado paguen por apropiarse del futuro de cientos de panameños.
No obstante, basta con adentrarse en los suburbios para comprender que no se puede hablar de la realidad del país cuando las aspiraciones de sus ciudadanos se ven sujetas a sus vicisitudes. En otras palabras, cuando las necesidades materiales dominan la política, los votantes tienden a priorizar soluciones inmediatas sin considerar las consecuencias. En este contexto, la existencia de instituciones de pesos y contrapesos que limiten ese uso del poder político se vuelve todavía más importante.
En los debates recogidos en La República, algunos interlocutores sostienen que la justicia solo adquiere valor cuando se trata de proteger los bienes ya adquiridos. Sin embargo, el propio Sócrates intenta demostrar que la justicia es el principio que permite el orden y la armonía entre los ciudadanos. Aunque en la concepción de la república platónica el resultado final de la sociedad sea la estabilidad junto con el bien común, esto no implica una igualdad absoluta entre los ciudadanos, pero sí exige que ninguno quede fuera del orden jurídico, evitando que una minoría se convierta en una tiranía o que se debilite el Estado de derecho.
En ese sentido, la justicia deja de ser un simple instrumento para proteger bienes y se convierte en el principio invisible que garantiza el orden republicano. ¿Por qué republicano? Porque es en una república donde existen las mejores condiciones para que haya igualdad funcional y una ciudadanía saludable.
Para que una democracia sea funcional no bastan las elecciones libres, sino que debe existir un poder judicial capaz de limitar y controlar el ejercicio del poder político por los otros órganos del Estado. Como advirtió Montesquieu, “todo hombre que tiene poder se inclina a abusar de él; yendo hasta donde encuentra límites”. El poder sin árbitro no es más que la puerta abierta al despotismo, y cuando este es el caso, el órgano judicial es incapaz de llevar a cabo funciones como mantener el orden constitucional, resolver los conflictos entre los poderes de forma coherente y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Aunque la independencia judicial no implica automáticamente mayor bienestar común, muchas veces damos por sentada su importancia. Las amenazas contra el órgano judicial pueden ser sutiles o imperceptibles, como las presiones del Ejecutivo, las designaciones partidistas o la captura política de la justicia. Es por ello que, en la desigualdad en la que está sumido el país, un poder judicial más independiente es una de las pocas instituciones capaces de limitar los abusos del poder político y económico, aunque no elimine por sí solo las desigualdades estructurales.
Como se plantea en La República, la justicia no produce bienes materiales, pero sí preserva el orden al resolver conflictos sociales, garantizando la armonía democrática y limitando la transformación del poder en oligarquías o la degeneración de la república. Si existe un consenso en la sociedad panameña —en cada barrio, en el interior del país, en las playas o en las montañas— es el descontento y la desconfianza en la política y en los políticos, lo que termina extendiéndose al sistema de justicia, que debería ser el menos politizado de todos los órganos.
El poder judicial no gobierna, pero hace posible que el Ejecutivo permanezca dentro de los límites de la ley. No se puede culpar completamente a los votantes por priorizar sus necesidades inmediatas sobre decisiones políticas de largo plazo, pero es momento de que la educación cívica se convierta en una práctica constante. Educarnos sobre principios básicos, como que la Constitución está para garantizar nuestros derechos y limitar el poder del Estado, resulta fundamental.
En un país como el nuestro, la justicia no garantizará directamente la igualdad material, pero sí puede impedir que el poder político y económico operen sin límites. Por ello, la fortaleza del órgano judicial no debe ser un lujo institucional, sino una condición indispensable para la supervivencia de nuestra república.
El autor es internacionalista.
