Termina un año legislativo que nos deja mucha incertidumbre. La Asamblea Nacional se ha convertido en un escenario donde el espectáculo político y las redes sociales pesan más que la responsabilidad de legislar con rigor técnico. Proyectos sin sustento económico, leyes aprobadas sin análisis de impacto y discursos populistas se multiplican, mientras las PYMES, la inversión y la confianza empresarial se resienten.
La tendencia es clara: iniciativas diseñadas para generar aplausos inmediatos o titulares atractivos, pero sin base sostenible. Un ejemplo reciente es el proyecto que propone un descuento del 25% en las pólizas de seguro de autos para conductores sin siniestros. Suena popular, pero nadie explica quién cubrirá la diferencia ni qué implicaciones tendrá para las aseguradoras o para la estabilidad del sector. De igual forma, las propuestas que amplían descuentos a jubilados o reducen tarifas de transporte sin compensación financiera son ejemplos de leyes “simpáticas” que cargan al Estado y a las pequeñas empresas con costos ocultos.
El populismo legislativo tiene una consecuencia directa: castiga al motor de empleo nacional, las micro, pequeñas y medianas empresas. Estas operan con márgenes ajustados y no cuentan con reservas para soportar regulaciones costosas o cambios súbitos en precios, subsidios o beneficios. Cada nueva ley “para la gente”, sin estudio financiero ni análisis de impacto, termina restando capacidad a las PYMES para invertir, contratar o simplemente sobrevivir.
A ello se suma otro fenómeno preocupante: la avalancha de leyes ambientales y regulatorias que, aunque bien intencionadas, se han vuelto un laberinto burocrático. Las normas ambientales son esenciales, pero el exceso de requisitos, permisos y auditorías está creando un entorno hostil para la instalación y operación de empresas. Se multiplican los formularios, los plazos se alargan y la inseguridad jurídica crece. Si seguimos en esa ruta, abrir un negocio en Panamá será una proeza, y la consecuencia será el estancamiento económico y el desempleo. Cuando la inversión se ahuyenta, el hambre no tarda en llegar.
Otro daño enorme que está afectando a la sociedad es la invasión de miles de seudoexpertos en redes sociales, que se autoproclaman líderes, analistas o activistas, vendiendo odio y desinformación. Con discursos simplistas y emocionalmente manipuladores, alimentan el resentimiento y degradan el debate público. Las redes se han convertido en un tribunal sin jueces ni pruebas, donde lo que vale no es la verdad, sino el ruido. Así, se impone el populismo digital: se legisla por tendencias, no por evidencias.
Mientras tanto, muchos activistas impulsan causas legítimas, pero sin tener que responder por su sostenibilidad económica. Viven de donaciones o fondos externos y convierten cada conflicto en una guerra mediática, sin ofrecer soluciones viables. El activismo responsable es necesario, pero el activismo espectáculo termina siendo cómplice del mismo populismo que dice combatir.
En medio de todo, los más afectados son siempre los mismos: los trabajadores, emprendedores y familias que dependen de una economía funcional. El populismo no crea desarrollo, solo reparte ilusiones temporales mientras encarece la vida y destruye la productividad. Los únicos beneficiados son quienes capitalizan el ruido político y mediático en votos para sus próximas elecciones.
Panamá necesita una Asamblea que legisle con evidencia, visión y responsabilidad. Cada ley debería ir acompañada de un estudio técnico de impacto económico, social y ambiental, no de un discurso para ganar seguidores. El país requiere equilibrio, no improvisación; acuerdos, no imposiciones; seriedad, no espectáculo.
Porque cuando el populismo sustituye la razón, el resultado no es justicia social, sino pobreza colectiva. Y cuando los “likes” sustituyen al Estado, lo que se apaga no son las luces del hemiciclo, sino las esperanzas de un pueblo que solo pide un futuro con trabajo, estabilidad y verdad.
El autor es consultor empresarial, especialista en sistemas ISO, gestión ambiental y seguridad y salud ocupacional.
