Las definiciones tradicionales señalan que un parlamento es un órgano colegiado representativo del poder legislativo en una democracia, encargado de debatir y aprobar leyes, así como de fiscalizar al Ejecutivo o gobierno central. Sin embargo, considerando que todas las leyes nacen de una necesidad social, cuando estas no surgen por tal motivo están condenadas a fracasar. Debemos comenzar por ver a la democracia como el reflejo de la salud y la capacidad de raciocinio de la sociedad en general. Por defecto, cuando los parlamentos se ven debilitados —ya sea por estar conformados por coaliciones “caquistocráticas”, provenientes de la “caquistocracia”, es decir, el gobierno de los peores, los incompetentes o los menos cualificados, o por la continuidad de prácticas partidistas corruptas— esto constituye un indicativo de la fragilidad del sistema político.
Uno de los costos más altos de tener un parlamento que improvisa y está desconectado de las realidades y necesidades inmediatas de sus ciudadanos es la regulación ineficiente, acompañada de malas leyes. Estas se reflejan en millones de dólares en daños colaterales y en un mayor agravamiento de los problemas socioeconómicos. Las malas leyes no solo fallan en resolver problemas; muchas veces crean nuevos.
Claro, el problema puede ser institucional, pero cuando los ciudadanos eligen a diputados que no cuentan con la capacidad, las habilidades y el talento requeridos para la cosa pública, no importa la popularidad del individuo ni de su colectivo, puesto que representan un gasto innecesario para el país. No hace falta realizar una investigación profunda para advertir las falencias tanto en la administración de los recursos económicos como en la manera en que se contrata y emplea el recurso humano en nuestro parlamento. En él entran y salen figuras políticas que, por amiguismo o futuras aspiraciones personales, se dedican a promoverse a sí mismas y no a brindar el servicio público que la República necesita.
El presupuesto de la Asamblea Nacional para el año 2026 es de $98.7 millones, lo cual se traduce en $394,800 por día, considerando que la Asamblea legisla un estimado de 240 a 250 días al año en sesiones ordinarias. El hecho de que existan diputados incapaces de promover proyectos de ley con sustancia y relevancia, así como de fiscalizar a las demás ramas del Estado, lleva a pensar que cada centavo destinado a esa institución es un despilfarro de dinero. Sin embargo, esto es solo un síntoma comunicacional y no el problema estructural de una Asamblea sin rumbo.
Adicionalmente, los debates estériles y con poco sentido común o lógica agravan aún más la percepción de la ya deteriorada democracia panameña. Cada hora de funcionamiento de la Asamblea implica salarios, asesores —en muchos casos sin experiencia relevante—, personal administrativo, servicios y otros gastos. En otras palabras, el problema no es únicamente el costo directo por día, sino también el costo de oportunidad: tiempo que pudo haberse utilizado para atender problemas que realmente requieren legislación y regulación del parlamento.
Ahora bien, en Panamá podemos encontrar tanto leyes innecesarias como otras “emparchadas”, lo que lleva a pensar que una gran cantidad de proyectos de ley no equivale necesariamente a productividad legislativa. Es necesario señalar que muchas de las iniciativas presentadas en la Asamblea responden a intereses políticos momentáneos, al clientelismo o a la búsqueda de visibilidad mediática, pero no a una verdadera búsqueda de impacto, calidad normativa y capacidad para resolver los problemas estructurales del sistema sociopolítico panameño.
Por otra parte, algunos proyectos de ley tienen poco impacto real, pero sirven para generar titulares o construir imagen política. Como ciudadanos necesitamos aprender a identificar estos escenarios, especialmente frente a posibles nuevas figuras políticas que podrían representar un gasto perdido en nuestra Asamblea.
El problema principal al entender qué hace la Asamblea y qué deberían hacer nuestros diputados no es una cuestión explicativa, ya que eso está claramente establecido en la Constitución. Sin embargo, el verdadero desafío es hacer visible y comprensible cómo las decisiones de nuestros diputados —al igual que su eficiencia o su ineptitud— afectan la vida diaria de todos nosotros.
Una gran parte de los ciudadanos en nuestro país ve a la Asamblea como algo lejano o inútil porque la explicación suele ser abstracta, por lo que debemos aterrizar esas narrativas. Aunque los ciudadanos entendiesen plenamente el rol de la Asamblea, esto no garantiza que voten mejor —ya que muchos lo hacen por clientelismo, favores, lealtad partidista o incluso identidad regional—. Sin embargo, si yuxtaponemos el impacto de elegir mejores diputados con las diversas realidades socioeconómicas, podremos entender que sí existen incentivos —especialmente políticos— para votar mejor.
Los diputados deciden las reglas bajo las que todo el aparato político e incluso el económico funciona en la República. Prueba de ello es la capacidad de la Asamblea de aprobar un proyecto de ley por insistencia, aun cuando el Ejecutivo lo haya vetado.
Un ejemplo sencillo es que, si las leyes de contratación pública son malas, facilitarán la corrupción; si las leyes económicas son débiles, ahuyentarán la inversión. El diputado, aunque no maneja ni administra directamente el país, sí decide las reglas del juego.
La realidad es que un diputado mediocre no es solo irrelevante, sino que puede ser perjudicial para toda la República. Más allá de necesitar diputados honestos, nuestro país requiere diputados técnicamente capaces: que entiendan las leyes, que sepan comunicar su trabajo real a los ciudadanos, que comprendan la economía, que sepan debatir y que entiendan las instituciones democráticas que mantienen al Estado funcionando.
Para concluir, un diputado ignorante hace tanto daño como uno corrupto. Si elegimos a alguien incapaz, no solo perdemos un diputado: también perdemos la calidad de las reglas que gobiernan todo Panamá.
El autor es internacionalista.
