No hay sistema electoral perfecto. El mejor sistema es aquel que mejor responde a su contexto, no solamente distribuyendo el poder, sino también legitimando el régimen político en el que es aplicado. El sistema electoral panameño fue negociado y creado a inicios de la década de los ochenta, cuando existía un actor político con apoyo electoral mediano, pero con vocación hegemónica. Ese actor, cuya expresión partidista era el PRD, estuvo dispuesto, a regañadientes, a abrir espacio a sus opositores de manera controlada. De allí surgió un sistema electoral que tiende a favorecer a los dos partidos mayoritarios de cada momento.
Cuarenta años después, la competencia electoral panameña ya no consiste en dos partidos medianos que articulan a los demás, sino que, según los estudios realizados en el CIEPS, ahora compiten unas cuatro fuerzas importantes. Ese es el origen del actual cuestionamiento al sistema: no fue diseñado para cuatro o cinco jugadores, sino para dos. Y es en ese momento cuando se abre un gran abanico de posibilidades en las que cada actor, naturalmente, busca maximizar sus posibilidades de éxito, ojalá sin comprometer la estabilidad política. Sin embargo, para hacer esto bien es necesario un buen diagnóstico.
En el CIEPS hemos diagnosticado que el sistema electoral panameño genera enorme exclusión porque penaliza fuertemente a los partidos pequeños, lo que reduce la representatividad del sistema y dificulta la entrada de nuevos actores a la competencia. Hace unos años, esta parte del diagnóstico incluso motivó inéditas protestas de calle que denunciaban la distorsión que existe en el cálculo para la asignación de los residuos en los circuitos plurinominales. La otra parte del diagnóstico, que está pasando bastante desapercibida, es la creciente fragmentación de la Asamblea Nacional y, como resultado, sus crecientes dificultades para generar mayorías que agilicen el proceso de formulación de políticas públicas.
Ambas partes del diagnóstico constituyen el dilema de las reformas electorales en Panamá hoy: hacer más plural el sistema o generar mayorías. Encontrar ese equilibrio no es fácil, pero lo que no debería suceder es la introducción de reformas que, aunque populares porque despedazan a los partidos, den peores resultados que los que se obtienen ahora. La propuesta de instaurar el voto cruzado —técnicamente llamado “listas desbloqueadas”— no responde a ningún diagnóstico conocido hecho por políticos partidistas, políticos “independientes”, ciudadanía o especialistas nacionales o extranjeros. De hecho, lo que la ciencia política nos enseña es que el voto cruzado agudizaría los problemas de los que sufre el sistema electoral panameño: mayor fragmentación de la Asamblea Nacional y mayor exclusión de formaciones políticas pequeñas o incipientes. Según un estudio de FUSADES, cuando, efímeramente, se experimentó el voto cruzado en la región, como en Ecuador, Honduras o El Salvador, se generó una competencia interna que perjudicó la coherencia partidista, incrementó el personalismo y el clientelismo y acentuó la exclusión de las mujeres.
A favor de esta reforma han sido planteados dos argumentos. El primero está relacionado con la simplificación del sistema, a través de la eliminación de la fórmula electoral, incluyendo el residuo. Sin embargo, en los países donde fueron implementadas las listas desbloqueadas, se dispararon los errores tanto al momento de votar como a la hora de contar los sufragios, generando incoherencias aritméticas. Por lo tanto, es de suponer que esta voluntad de simplificación no logre el objetivo de restaurar la confianza en el sistema.
El segundo argumento está relacionado con una mayor “libertad” del electorado para elegir a los “mejores”. Sobre este punto, debemos recordar la lógica detrás de la democracia representativa y del voto popular: no se trata de elegir un empleado con la mejor hoja de vida posible, sino de seleccionar las opciones políticas que mejor representen a la ciudadanía en su diversidad.
Finalmente, instaurar el voto cruzado implicaría pasar de un sistema electoral proporcional —garantizado por la Constitución— a un sistema mayoritario en todos los circuitos porque mecánicamente aumentaría la sobrerrepresentación de los partidos grandes y la marginación de las fuerzas pequeñas. Es menester recordar que la proporcionalidad electoral se refiere al hecho de que las ofertas políticas, partidistas o no partidistas, tengan un porcentaje de escaños justo o equivalente al porcentaje de votos que obtuvieron. En el debate, este concepto ha sido confundido con la relación entre el número de escaños (magnitud) y el número de votantes (tamaño) de los circuitos.
¿Qué necesita entonces el sistema electoral? Lo apropiado en este momento es corregir la distorsión vigente en el cálculo del residuo. Es decir, restarle los votos a los partidos que ganaron escaños a través del cociente y medio cociente para dar una oportunidad a los partidos pequeños y a nuevos actores de tener una representación más justa en la Asamblea Nacional. Esta reforma atendería las demandas de la población, haría más representativo el sistema y no perjudicaría la gobernabilidad del país.
Los autores son investigadors del CIEPS.
