En medio del creciente debate sobre las finanzas públicas del país, escucho cada vez más entre la población –refiriéndose a los señalamientos del gobierno– que el problema no está en los tributos, sino en el sistema fiscal que los administra, recauda y distribuye.
Panamá no necesita más impuestos; lo que requiere con urgencia es una reforma fiscal cuyos principales fines sean la transparencia y la rendición de cuentas, no una reforma tributaria. Tal como lo expresa el colega Adolfo Campos en su columna Ventana Fiscal del diario La Prensa, al opinar:“…haría falta que cada institución del gobierno central y local publique mensualmente cómo marcha su ejecución presupuestaria, el gasto corriente ejecutado, proyectos licitados y adjudicados, nombres y datos de los contratistas, y los niveles de avance en los proyectos. Y, a un nivel aún más detallado, determinar qué porcentaje de X o Y impuesto nacional está impactando en las obras de inversión a nivel nacional y, en el caso de los municipios, cómo la descentralización –cuyos aportes derivan del impuesto de inmuebles– se está invirtiendo y ejecutando. Todo a través de informes mensuales”.
Pero el problema no termina ahí. Nuestra dependencia del Canal de Panamá y de los grandes sectores económicos como fuente central de ingresos, favorecida por nuestra privilegiada ubicación, ha generado una peligrosa complacencia que ha debilitado la importancia de la “recaudación hormiga”, aquella que proviene del comercio formal, de las microempresas y de los trabajadores independientes. Hoy, por la situación económica que vivimos, esa recaudación se ha vuelto imprescindible.
Esto nos lleva a entender que un sistema fiscal no se compone solo de leyes y cobros, sino también de las personas que lo operan y de los ciudadanos que lo sostienen. Humanizar la gestión pública hacia el contribuyente no significa ser permisivos ni corruptos. Significa ser justos, empáticos, y tratar a quien paga impuestos –así sean “impuestos hormiga”– como a un ciudadano, no como a un contribuyente insignificante.
Atender con prontitud, orientar con respeto y facilitar los procesos no es “flexibilidad dudosa”; es eficiencia democrática, que aporta más al país que los reglamentos excesivos y las formalidades tóxicas que solo conducen al funcionario público a la cultura del maltrato institucional, la burocracia y la opacidad. Mientras esto siga ocurriendo, muchos contribuyentes preferirán la informalidad.
Una verdadera reforma fiscal debe:
Fortalecer tecnológicamente la Dirección General de Ingresos (DGI) para agilizar procesos y ampliar el alcance de fiscalización, el cruce de información y el uso de inteligencia artificial.
Auditar y reevaluar los regímenes especiales que otorgan exenciones indiscriminadas.
Establecer controles eficaces sobre los grandes contribuyentes.
Incentivar la formalización con beneficios reales para los pequeños y medianos negocios.
Mejorar la transparencia en el uso de los recursos recaudados para recuperar la confianza del contribuyente.
Acabar con la red de obstáculos administrativos dentro de la DGI.
Países vecinos ya están tomando estas decisiones. Colombia, Chile y Costa Rica han implementado reformas fiscales sin necesidad de crear más impuestos, reorganizando el aparato estatal para hacerlo más humano, más justo, más moderno y más efectivo.
Si seguimos confundiendo reforma fiscal con reforma tributaria, corremos el riesgo de cargar más al que ya paga, mientras dejamos intactas las estructuras que impiden una distribución justa de las obligaciones.
Panamá no necesita más impuestos. Necesita cobrar bien los que ya tiene.
El autor es abogado.
