La oleada de gobiernos progresistas que caracterizó a gran parte de Suramérica en los 15 primeros años de este siglo dejó una marca política nueva. Pese a las muchas diferencias entre las realidades y procesos políticos de los países donde ese fenómeno brotó, cabe resumir las características generales de sus logros e intentos, para reconocer en qué consiste esa marca.
En el pasado, la noción política de progresismo tuvo otras acepciones, generalmente la de calificar a personas o grupos potencialmente afines a algunos proyectos de la izquierda tradicional. Ese ya no es su significado. Ahora asume el de movimientos y gobiernos que se enfrentan a las políticas neoliberales. En particular, al dogma neoliberal de reducir al Estado a su mínima expresión, cediendo sus responsabilidades y atribuciones al mercado. En nuestro continente, desde los años 80 del siglo pasado, el neoliberalísmo implicó un gran debilitamiento del Estado nacional y la reducción de su campo de acción, transfiriendo al sector privado gran parte de su campo de acción.
Los movimientos y gobiernos progresistas surgieron en Latinoamérica como reacción frente a los desastres sociales provocados por la entronización de las políticas neoliberales impuestas a nuestros países desde finales del siglo pasado. Los movimientos y gobiernos progresistas tienen el objetivo de luchar contra las desigualdades sociales y económicas, contra las discriminaciones y marginaciones, y contra sus causas. Eso los caracteriza como organizaciones o gobiernos de izquierda democrática, que procuran aliarse solidariamente con los demás sectores interesados en lograr los cambios necesarios para ello, sin apelar a la violencia.
Eso conlleva procurar un sustancial robustecimiento de la soberanía popular y nacional, lo que implica hacer más efectiva la ciudadanía. Esto es, hacer de cada compatriota un ciudadano, no un mero consumidor. Es decir, ser un luchador cívico contra las desigualdades, marginaciones y discriminaciones, y contra sus causas. En la práctica, luchar por obtener mejoras efectivas en el acceso a empleos de calidad, a la educación general y especializada, a mejores servicios sociales de salud y vivienda, y seguridad para contar con ellos en la vejez.
La izquierda tradicional de la época soviética planteaba acumular fuerzas para realizar una revolución, generalmente violenta, para acabar con el capitalismo e instaurar el socialismo. Algunas izquierdas radicales aún lo plantean. Pero lo cierto es que desde la Revolución Cubana hasta la fecha eso no ha vuelto a darse, ni se vislumbra entre las posibilidades actuales, pese a que el neoliberalísmo ha empeorado la situación de la gran mayoría de la gente. Pero, si en el futuro ahora previsible esa posibilidad no es viable, entonces ¿qué hacer? No por eso dejar de actuar y ni dejar de hacer lo que sí puede hacerse, como es llevar adelante la opción política progresista.
Luego de experiencias como la crisis del 2008 y la pandemia, las distintas experiencias de gobiernos en América Latina, cada uno según sus propias circunstancias, han coincidido en reclamar el cumplimiento de las responsabilidades sociales del Estado y restablecer su autoridad frente al mercado, achicadas por el tsunami neoliberal.
Reafirmar en la práctica y en la legislación que el Estado está obligado a proteger a los ciudadanos y a sus familias frente a los intereses que dominan al mercado. Desarrollar políticas específicas de combate a la pobreza y el hambre, y de combate a sus causas, así como a las causas y manifestaciones de desigualdad, discriminación y marginación.
Invertir en el desarrollo de las capacidades productivas de la población trabajadora, especialmente los jóvenes, las mujeres y las poblaciones marginadas. Incentivar el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales, su capacidad de innovación para aumentar su productividad y competitividad, y la capacidad nacional para sustituir importaciones y exportar bienes y servicios.
Expandir las universidades públicas nacionales y las oportunidades de acceso a las mismas, en tanto que ellas actúen y obtengan resultados como instituciones de robustecimiento de la capacidad del país y de investigación para impulsar el desarrollo nacional.
Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, como instrumento del desarrollo del país y de investigación e implementación de soluciones propias a los problemas nacionales.
Priorizar el esfuerzo permanente por capacitar y respaldar crediticiamente a los medianos y pequeños productores nacionales para incorporar tecnologías más productivas, y para proteger su desarrollo.
Proteger a las empresas nacionales en tanto que incorporen tecnologías avanzadas, capaciten para su eficaz aprovechamiento, sean socialmente responsables y contribuyan al progreso del conjunto de la nación.
Fomentar inversión extranjera directa que incorpore tecnología, capacitación y empleo, a condición de que cumplan eficientemente los objetivos y normas nacionales en materia de empleo, seguridad social, calidad ambiental y puntual cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Robustecer y coordinar estrategias de desarrollo rural y agropecuario destinadas a garantizar la soberanía y la seguridad alimentarias y mejores condiciones de vida para los productores, trabajadores y poblaciones rurales.
Promover la organización e implementación de Corporaciones de Desarrollo Regional, para crear y consolidar polos de desarrollo agropecuario y agroindustrial en áreas del Interior del país, con participación de capital público y privado.
Rescatar y robustecer la soberanía y autodeterminación nacionales, así como desarrollando una política latinoamericanista de no intervención en conflictos en o entre otros países, y vocación permanente de contribuir a la solución política de dichos problemas. No ser parte del conflicto, sino de su solución.
Concretar la incorporación del país a los grupos de cooperación y solidaridad de las naciones latinoamericanas y caribeñas (como la CELAC y el Grupo Andino), y de las naciones del Sur global (como el BRICS), para la defensa colectiva de los intereses de nuestro país y de nuestra región, y para implementar proyectos de cooperación económica y cultural.
Oponerse permanentemente al estacionamiento de fuerzas militares o policiales extranjeras en territorio nacional.
En pocas palabras, una propuesta neodesarrollista y patriótica, apoyada en la reivindicación del Estado nacional, socialmente comprometido. Por lo tanto, una opción política contrapuesta y enfrentada a las políticas neoliberales. Por lo que no es de extrañar el extraordinario esfuerzo de las derechas locales y transnacionales por volver a modernizarse y fortalecerse para desacreditar y desplazar a los gobiernos progresistas -incluso por medios antidemocráticos como la desinformación, los golpes judiciales, parlamentarios y militares-, y el lanzamiento de nuevas modalidades políticas de la nueva derecha, como los llamados líderes antipolíticos.
El autor es profesor y diplomático.
