Una comparación entre los devastadores terremotos de Chile (2010) y Venezuela (2026) deja importantes lecciones para Ciudad de Panamá, la ciudad latinoamericana con la mayor concentración de edificios de más de 150 metros de altura.
Antes de entrar en materia, conviene derribar un mito: Panamá sí es un país sísmico. Aunque la capital no ha sufrido recientemente un terremoto de gran magnitud, el país registra un importante historial de actividad sísmica. El terremoto de San Blas de 1882 alcanzó una magnitud estimada de 8.3 Mw y, desde entonces, Panamá ha experimentado al menos seis terremotos superiores a 7.0 Mw, siendo el más reciente el de Bocas del Toro en 1991.
El terremoto de Chile del 27 de febrero de 2010 (8.8 Mw) y los ocurridos en Venezuela el 24 de junio de 2026 (7.2 y 7.5 Mw) demuestran que la magnitud de un sismo, por sí sola, no determina el número de víctimas ni el nivel de destrucción.
Aunque el terremoto chileno liberó varias veces más energía que los de Venezuela, el saldo humano fue muy distinto. En Chile fallecieron 525 personas; en Venezuela, al momento de escribir este artículo, las víctimas superan las 5,500.
La diferencia también se refleja en el comportamiento de las edificaciones. En Chile, la inmensa mayoría de los edificios modernos permanecieron en pie y solo un número muy reducido sufrió colapsos estructurales. En Venezuela, las autoridades reportaron inicialmente el colapso de 189 edificios y, posteriormente, análisis satelitales estimaron que cerca de 58,000 edificaciones sufrieron destrucción o daños estructurales severos.
La lección es clara: los terremotos no matan por sí solos; las construcciones deficientes, la falta de fiscalización y el incumplimiento de las normas sí lo hacen.
Sin embargo, desde la perspectiva de la gestión de riesgos y del seguro, existe otra amenaza mucho menos visible para Panamá: el infraseguro.
Durante años, muchas pólizas de incendio se han emitido por aproximadamente el 80% del valor de reconstrucción, una práctica técnicamente aceptable al otorgarse un préstamo hipotecario. El problema aparece cuando esa suma asegurada permanece sin actualizar durante 10 o 15 años, mientras el costo de reconstrucción continúa aumentando.
A ello se suma un fenómeno ampliamente conocido por la industria aseguradora como demand surge. Después de una gran catástrofe, la demanda simultánea de materiales de construcción, equipos, ingenieros, contratistas y mano de obra especializada provoca incrementos extraordinarios en los costos de reconstrucción, agravando aún más el problema del infraseguro.
Imaginemos un edificio cuyo costo de reconstrucción era de 20 millones de dólares en 2012 y cuya suma asegurada nunca se actualizó. Hoy, reconstruir ese mismo edificio podría costar más de 30 millones de dólares. Si, además, ocurre un terremoto y los costos aumentan otro 25% por efecto del demand surge, la reconstrucción podría superar los 37 millones de dólares.
Ahora multipliquemos ese escenario por cientos de edificios y miles de apartamentos con hipotecas vigentes. Ya no estaríamos hablando únicamente del problema de un edificio, sino de un potencial riesgo sistémico para el mercado hipotecario, el sector asegurador y, en consecuencia, para la estabilidad financiera del país.
Urge revisar esta realidad desde la perspectiva de la política pública. Así como las entidades financieras actualizan periódicamente el valor de las garantías hipotecarias para proteger el riesgo crediticio, también debería evaluarse un mecanismo que incentive la actualización periódica de las sumas aseguradas con base en el costo real de reconstrucción.
La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Asamblea Nacional, el sector asegurador, la banca y los gremios de la construcción podrían impulsar conjuntamente una estrategia nacional para reducir el infraseguro, fortalecer la cultura de gestión de riesgos y aumentar la resiliencia financiera del país.
Chile nos enseñó que las vidas se protegen con buenas normas de construcción y una fiscalización rigurosa. Venezuela nos recuerda el enorme costo de no estar preparados. Panamá debe aprender ambas lecciones.
La verdadera resiliencia de una nación no depende únicamente de que sus edificios permanezcan en pie, sino de que exista la capacidad financiera para reconstruirlos. Prepararnos hoy puede evitar que el próximo gran terremoto se convierta también en una crisis económica para miles de familias panameñas.
El autor fue Superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá.
