Hace dos años, la secretaría General de la Corte Suprema de Justicia me notificó del fallo que resolvía mi demanda de inconstitucionalidad, presentada en contra de la Ley n.° 406 de octubre de 2023, por medio del cual se le otorgaba a la empresa Minera Panamá, S.A., subsidiaria de First Quantum Minerals, Ltd., la autorización para explotar la mina a cielo abierto ubicada en Donoso, Colón, con una extensión de casi 30 mil hectáreas.
El pleno de la Corte, de forma unánime, sentenció que la Ley n.° 406 violaba 25 artículos de la Constitución y, por ello, excluía esa norma de nuestro ordenamiento jurídico, y en consecuencia se declaraba que no había concesión a favor de Minera Panamá.
La Corte resolvió la colisión de derechos constitucionales, dándole al derecho a la vida, a la salud y al ambiente sano prevalencia sobre la minería.
Para esa fecha existían en la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio (MICI) más de 50 solicitudes de exploración y/o explotación de minas a lo largo y ancho del país. Además, hay varias tinas de relaves abandonadas en nuestro territorio, que son prueba fehaciente de la contaminación que produce la actividad minera.
Una gran mayoría de la población salió a protestar en contra de la Ley n.° 406, manifestando que no quieren minería a cielo abierto por el enorme daño ambiental que esta causa (devastación). Otros argumentan que el pueblo salió a protestar por un cúmulo de causas. Vale recordar que el fallo de inconstitucionalidad de diciembre de 2017, por medio del cual se resolvió mi primera demanda contra la mina ubicada en Donoso, no contó con esas protestas. Pero igual la Corte se fue en contra de la actividad minera.
El MICI, aun a pesar de que Minera Panamá ya no era concesionaria, le otorgó ilegalmente la facultad de cuido y mantenimiento, derecho que, según la propia norma usada como fundamento de derecho, es solo para concesionarios.
En los procesos penales, en cualquier país que se respete, se separan a las partes para que no tengan oportunidad de ocultar pruebas.
El actual gobierno está buscando una forma jurídica para evadir el fallo de inconstitucionalidad y burlar la voluntad popular, dándole a la misma empresa, con toda y su reputación, la administración, o lo que sea.
La empresa sigue gastando mucho dinero en Panamá, fórmula que le agrada a muchos panameños que solo piensan en su bolsillo y no en los enormes problemas que causa la actividad minera.
He cedido modelos de demandas de inconstitucionalidad y de nulidad a muchos abogados patriotas para que haya una montaña de acciones o recursos en contra de la transnacional minera y a favor de nuestros derechos humanos fundamentales.
El autor es abogado.
