El popular refrán panameño “El que no corre, vuela” parece haberse convertido en la máxima de la vida pública nacional. Si bien la picardía criolla solía celebrarse en tertulias y conversaciones a puerta cerrada, hoy solo queda el desencanto de constatar que, para muchos ocupantes de cargos públicos, la astucia no es virtud sino herramienta para la apropiación indebida de fondos que pertenecen a todos los panameños. El país se ha transformado en un escenario donde la corrupción ya no es la excepción, sino la regla.
Cada día, los titulares de los medios despiertan con nuevos escándalos que involucran a presidentes, ministros, diputados, alcaldes, representantes, secretarios, directores de entidades, rectores universitarios y otras figuras de la administración pública. ¿Qué ha pasado para que la ética pública se haya tornado en utopía? Basta citar algunos casos recientes para entender que la institucionalidad está bajo asedio.
Imposible olvidar el caso del expresidente cuyo nombre quedó grabado en la memoria colectiva no solo por grandes proyectos de infraestructura, sino también por procesos judiciales relacionados con sobreprecios, coimas y contratos amañados. El episodio de los pinchazos telefónicos y el desvío de fondos estatales a cuentas privadas de familiares y allegados creó un terremoto en la confianza ciudadana. Hoy, aunque la justicia avanza con lentitud y tropiezos, es un recordatorio de cómo el poder corrompe y desdibuja los límites entre lo público y lo privado.
Pero no solo las altas esferas se ven salpicadas. Recientemente, alcaldes y secretarios de municipios del interior fueron señalados por peculado y uso indebido de recursos para beneficio personal. Vehículos de lujo y viajes pagados con fondos municipales exhiben un patrón: quienes debían velar por el bienestar de sus comunidades prefieren satisfacer sus caprichos primero.
Otros ejemplos abundan en los representantes de corregimientos y funcionarios sorprendidos en la celebración de contratos con empresas de familiares. El uso de testaferros y la triangulación de fondos se ha vuelto recurrente. El acceso a la información y la presión política destaparon estas irregularidades, pero la impunidad persiste, debilitando la democracia y las finanzas locales.
Directores de entidades públicas, encargados de becas y subsidios, firmaron contratos inflados y asignaron recursos a personas sin necesidad ni experiencia, privilegiando vínculos personales y políticos. Los fondos que debieron servir para movilidad social y eficiencia gubernamental terminaron en cuentas privadas, mientras los problemas sociales permanecen intactos.
Estos casos, lejos de ser anecdóticos, son parte de cientos que se multiplican a lo largo del país, muchos aún sin investigar. El daño no es solo económico: es moral y estructural. Destruye la confianza, perpetúa la desigualdad y desalienta a quienes creen en el servicio público como misión.
No basta con denuncias mediáticas ni con procesos judiciales que rara vez concluyen en condenas ejemplares. Se requiere una transformación profunda: castigo real y no repetición, educación en valores, participación ciudadana y, sobre todo, voluntad política. Panamá necesita que la honestidad sea la norma y no la excepción; que los servidores públicos comprendan que administrar lo ajeno es un acto de responsabilidad sagrada con la patria.
Mientras la sociedad permanezca vigilante y exija cuentas, habrá esperanza. De lo contrario, el refrán “El que no corre, vuela” seguirá vigente y la picardía nacional será, en vez de orgullo, una triste sentencia sobre nuestro futuro. Panamá merece algo mejor: un país donde nadie tenga que correr ni volar para prosperar, porque el camino está libre de trampas, amiguismos, clientelismo y corrupción.
El autor es empresario verde y ecologista.
