En Panamá, tenemos el privilegio de contar con una abundante riqueza hídrica y una gran diversidad biológica. El agua, recurso natural vital y esencial para la vida de todos los seres vivos, es un elemento indispensable en los procesos de desarrollo humano. Sin embargo, con el paso del tiempo, la escasez y el acceso al agua se convierten cada vez más en una injusticia social, o en lo que las instituciones gubernamentales denominan “crisis del agua”.
Esta crisis no responde únicamente a la escasez del recurso en su condición física, sino a problemas de gestión, distribución y consumo ineficientes y desiguales, tanto en el sistema natural como en el social, como lo señalan las Naciones Unidas (2023).
Existe, por tanto, una relación estratégica entre el agua y el espacio abierto. Cuencas, ríos, humedales y lagos funcionan como sistemas donde convergen dimensiones sociales, económicas y ecológicas. Desde la perspectiva de la ecología política, estos espacios son escenarios de tensión, donde distintos actores ejercen poder sobre el uso y control del agua.
En las zonas rurales, esta relación es aún más evidente. Las comunidades dependen directamente del agua para la agricultura y la subsistencia. No obstante, enfrentan procesos de exclusión que limitan su acceso de manera adecuada y equitativa.
Otro aspecto relevante es el comportamiento de la huella ecológica en el país. Según informes de MiAmbiente, esta ha sido calificada como preocupante, reflejando un crecimiento acelerado que presiona los recursos hídricos y exige una transición hacia modelos sostenibles y de economía circular.
La sobreexplotación del agua no es exclusiva de los países en desarrollo; también se observa en economías industrializadas, donde los patrones de producción y consumo generan costos ambientales que afectan principalmente a las comunidades más vulnerables.
Como señala el doctor Emilio Messina: “No importa cuánto crezcamos dentro del modelo de desarrollo: sin agua, la sostenibilidad solo será una vieja foto del tiempo…”. Esta reflexión plantea que el desafío no es solo usar el agua de manera eficiente, sino protegerla como un bien común.
El agua, como recurso vital, se encuentra en una interacción constante entre poder, territorio y sostenibilidad. Su acceso desigual evidencia que la crisis actual no puede entenderse sin abordar las brechas estructurales y culturales en su gestión.
Las soluciones a este desafío requieren un cambio de paradigma: mayor inclusión, una gestión equitativa y el reconocimiento del agua como un derecho humano fundamental, base de la justicia ambiental y del desarrollo sostenible.
La autora es arquitecta y estudiante de la Maestría en Paisajismo y Gestión Ambiental de la Universidad de Panamá.
