La decisión de la mayoría de los diputados de aprobar en segundo debate un Reglamento Interno con cambios apenas relevantes confirma, una vez más, la resistencia estructural de la Asamblea Nacional a una verdadera modernización institucional. Más grave aún, la inclusión de facultades para que los diputados gestionen proyectos abre la puerta a prácticas que evocan las antiguas partidas circuitales. Que los diputados gestionen proyectos constituye un grave error jurídico y político que contradice la separación de funciones y confunde representación, administración y ejecución.
El problema, sin embargo, no es nuevo. Históricamente, el Reglamento Interno ha servido para preservar privilegios, consolidar redes clientelares y blindar prácticas que obstaculizan la transparencia. Su resistencia al cambio no es accidental: responde a una cultura política que ha normalizado la opacidad y la discrecionalidad como herramientas de poder. Cada intento de reforma termina reducido a un simple “lavado de cara” que no corrige el problema de fondo, sino que lo perpetúa bajo nuevas etiquetas.
La desconexión entre los diputados, sus electores y la ciudadanía que deberían representar es hoy más evidente que nunca. En estos tiempos oscuros ya no solo se habla de clientelismo, tráfico de influencias o nombramientos discrecionales, sino también de prioridades profundamente distorsionadas. Las leyes urgentes para combatir la corrupción, el lavado de dinero, el narcotráfico y otras amenazas estructurales quedan relegadas o enfrentan excusas para frenar su trámite, mientras el Reglamento Interno se retoca una y otra vez con cambios superficiales. Resulta bochornoso escuchar a algunos diputados afirmar que eliminar privilegios no cambiará el país. Esa postura es absurda y evidencia una grave falta de conciencia institucional.
Resulta especialmente llamativo que, pese a la cantidad de asesores legales, abogados y personal técnico en la Asamblea, no se haya advertido que facultar a los diputados para gestionar proyectos puede desnaturalizar la función legislativa y generar un choque directo con la separación de poderes. Soy de la opinión de que esta preocupación es plenamente fundada: permitir que quienes deben fiscalizar al Ejecutivo asuman funciones propias de la administración pública altera el diseño constitucional y abre espacios para conflictos de interés y prácticas clientelares. Aunque todavía no existe una implementación efectiva de estas facultades, el riesgo institucional está claramente identificado y debería ser atendido antes de que se consolide una distorsión funcional difícil de revertir.
Las consecuencias de estas decisiones no son abstractas: impactan directamente la vida de la ciudadanía. La falta de reformas profundas limita la capacidad del Estado para proteger a la población, debilita la institucionalidad democrática y reduce la competitividad del país. Cuando el Legislativo abandona su función de control y asume tareas administrativas, erosiona la separación de poderes y abre espacios a prácticas que comprometen la integridad del gasto público.
En este punto conviene recordar la advertencia de Hannah Arendt, especialmente en La condición humana, donde sostiene que la política pierde legitimidad cuando se aparta del espacio público y de la responsabilidad ante los ciudadanos. Una Asamblea encerrada en privilegios, simulaciones normativas y prácticas clientelares destruye precisamente ese espacio donde la acción política debería ser transparente, responsable y orientada al bien común. Cuando la representación se convierte en un ejercicio de poder desconectado de la ciudadanía, no solo se erosiona la confianza: se debilita la esencia misma de la democracia.
La función legislativa exige responsabilidad ética y compromiso con el interés público. Defender privilegios, bloquear reformas y promover prácticas discrecionales revela una alarmante falta de ética pública. La ciudadanía no exige perfección, pero sí coherencia, integridad y respeto por la institucionalidad democrática. Cada decisión de este tipo es una gota más en un vaso ya colmado por la incompetencia y por una voluntad política orientada a servirse de lo público, no a servir al país.
El Reglamento Interno se ha convertido en un mal crónico: un instrumento que perpetúa prácticas rechazadas por la ciudadanía desde hace décadas. La salida democrática es el voto futuro como mecanismo de castigo; sin embargo, cuando la última gota desborde el vaso y estallen nuevas tensiones sociales, nadie podrá alegar que estos temas son irrelevantes. Son, precisamente, las gotas que alimentan el cansancio colectivo.
Para los movimientos independientes, la tarea sigue pendiente: legislar requiere mayoría, y esa mayoría aún no existe. Por eso, la estrategia viable es ejercer una oposición interna más firme, articulada y coherente, cerrando filas frente a los partidos tradicionales que siguen marcando el ritmo legislativo. La ciudadanía vive un agotamiento que se expresa en descontento; y cuando ese descontento se convierte en protesta popular, quienes ostentan el poder deben recordar que la soberanía reside en el pueblo. No pueden culpar a la ciudadanía por manifestarse, criticar y exigir. La democracia no se sostiene solo desde el hemiciclo; también depende de la vigilancia activa de un pueblo que no está dispuesto a normalizar la mediocridad institucional.
El autor es abogado, docente y doctor en Derecho.
