Se ha incrementado la presencia militar en el Caribe con la llegada del portaaviones Gerald R. Ford (CVN-78) y su flotilla, conformada por alrededor de cinco barcos de apoyo, con una capacidad de setenta y ocho aviones de combate y una tripulación de cuatro mil quinientos marinos. En mis entregas anteriores sobre este tema, siempre destaqué que el aglutinamiento de una flotilla de barcos en el Caribe no era únicamente para detener o eliminar pangas cargadas de drogas dirigidas hacia Norteamérica o combatir el trasiego del llamado “cártel de los soles”. También advertí que existía un trasfondo más amplio: el gobierno de Trump enviaría señales de desafío directo al gobierno del dictador Nicolás Maduro y, además, daría un giro drástico a la política exterior estadounidense hacia Latinoamérica.
Con la llegada del nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, de origen cubano, tenemos muy cerca de la Oficina Oval a un político que entiende bien cómo se manejan los hilos de poder en la región, y esto se nota en el primer año del gobierno de Trump. Washington está enviando un mensaje claro a la República Popular China y a Rusia: el hemisferio occidental no será fácil de conquistar mediante políticas de compra de políticos, obras de infraestructura y proyectos de fomento económico de Pekín, como la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI).
Recientemente, Infobae publicó un artículo donde se detalla cómo la República Popular China “explotó a un político corrupto en Panamá para torcer el destino de una nación” (Miami Strategic Intel. Institute, 14 de noviembre de 2025). El caso se refiere al expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), quien rompió abruptamente relaciones diplomáticas con Taipéi en junio de 2017 e inmediatamente estableció relaciones con la República Popular China a cambio —según el artículo— de un pago secreto de mil millones de yuanes (145 millones de dólares) que nunca ingresaron a las cuentas públicas. El expresidente Varela negó esta acusación en su réplica, afirmando que esos fondos sí entraron al Estado.
Es responsabilidad del gobierno del presidente Mulino realizar una debida diligencia e informar al país si esos dineros fueron utilizados y en qué. Desde 2023, a este ciudadano panameño no grato en Estados Unidos se le revocó la visa por corrupción significativa (Reuters, 2023), y los panameños merecen transparencia sobre el destino de esos fondos.
La Casa Blanca ha empezado a responderle a la República Popular China en el hemisferio occidental mediante acciones concretas:
La amenaza de intervenir el Canal de Panamá y expulsar a empresas chinas de los puertos en sus riberas.
La firma de un memorando de entendimiento para utilizar territorio panameño en ejercicios militares conjuntos en las selvas del Caribe.
Señalamientos a líderes del gobierno de Venezuela como narcotraficantes, acompañados de recompensas de cincuenta millones de dólares por el líder de facto del régimen.
Amenazas de atacar al “cártel de los soles” dentro de Colombia y el norte de México.
La cancelación de la visa estadounidense al presidente Gustavo Petro.
El establecimiento del mayor acantonamiento de tropas y barcos de guerra estadounidenses en el hemisferio sur occidental, sin precedente.
En materia geopolítica, también destaca el préstamo swap de veinte mil millones de dólares para mantener estables las reservas del gobierno argentino y apuntalar política y económicamente a su aliado estratégico en Buenos Aires, Javier Milei.
Estas iniciativas del gobierno de Estados Unidos y del Departamento de Estado sugieren que la administración Trump ha vuelto a desempolvar la Doctrina Monroe de 1823, cuyo principio central señalaba que América era una región de influencia estadounidense.
Estas acciones, de carácter geopolítico y geoeconómico, generan un debate nacional, pues obligan a Panamá a lidiar simultáneamente con Estados Unidos y China en un contexto local. Lo vemos en el viaje —no respaldado por el gobierno de Mulino— de diez diputados a Taiwán, invitados por ese gobierno, y en el subsecuente intercambio de notas entre ambas embajadas. Todo apunta a que Panamá se ha convertido en epicentro en las Américas de este choque de intereses, donde nuestra posición geográfica nos coloca en el centro del problema.
El autor es exbanquero.
