A lo largo de los años, los sistemas judiciales han sufrido una transformación que, lejos de fortalecer la justicia equitativa, la ha debilitado notablemente. Esta evolución ha generado un entorno donde la interpretación subjetiva y permisiva de las leyes por parte de ciertos operadores jurídicos contribuye a la impunidad y alimenta la corrupción, erosionando la confianza de la sociedad en la justicia y en el bienestar común.
El peso de las leyes y la imposición de castigos para los condenados de alto perfil están marcados por una preocupante subjetividad. Esta falta de objetividad resulta indignante y proviene de una corrupción generalizada que permea el sistema judicial. Las decisiones de jueces y magistrados, influenciadas por intereses ajenos a la justicia, generan desigualdad en el trato a los acusados y afectan gravemente la percepción social de la equidad.
En su intervención del jueves de la semana pasada, el presidente enfatizó que es necesario aplicar todo el peso de la ley a los traficantes, violadores y delincuentes peligrosos que caminan por las calles, y que el sistema debe dejar de ser condescendiente con quienes hacen tanto daño a la salud pública mediante el tráfico de drogas.
La subjetividad y corrupción del sistema se evidencian en la disparidad de sentencias y castigos impuestos. Por ejemplo, una madre que roba leche para alimentar a su hijo puede recibir una condena de cinco años de cárcel, mientras que narcotraficantes y pandilleros —con culpabilidad probada— acceden a penas mínimas que cumplen en condiciones favorables, conservando sus fortunas mal habidas. Esta realidad demuestra la ausencia de equidad y justicia en el sistema actual.
Ante esta crisis, es urgente un proceso de depuración de jueces y funcionarios del sistema penal y judicial, quienes en ocasiones parecen actuar motivados por intereses personales. Es fundamental formar y capacitar a estos operadores en los principios de justicia retributiva, donde las penas sean proporcionales al daño causado y no a la capacidad económica del delincuente.
Desde tiempos bíblicos, la teoría de penas proporcionales ha buscado favorecer la equidad y limitar la venganza excesiva. El concepto de la Ley del Talión, con raíces históricas profundas, promovió el equilibrio en la administración de justicia y es esencial para fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Solo mediante mecanismos independientes de control y un fortalecimiento ético de los operadores jurídicos se podrá erradicar la corrupción y restaurar el equilibrio que exige la sociedad.
Por otro lado, el sistema ha incorporado disposiciones restaurativas como el perdón, la reconciliación, la casa por cárcel, las restricciones de movilidad o la obligación de reportarse periódicamente ante un juzgado. Sin embargo, la interpretación y aplicación de estas medidas se alejan muchas veces del objetivo de garantizar castigos justos y proporcionales, contribuyendo aún más al desequilibrio y a la percepción de injusticia.
En cuanto a la justicia retributiva, el Estado ha sido uno de sus mayores violadores. Panamá ha experimentado varios incidentes en los que quienes cometieron actos delictivos no fueron castigados proporcionalmente al daño causado.¿Recordarán los daños millonarios ocasionados a la nueva sede en construcción del Hospital del Niño en la Avenida Balboa? Los responsables no recibieron sanciones adecuadas ni una exigencia de reparación proporcional. Aquí falló totalmente la administración de justicia.
Los habitantes y productores de las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro han sufrido múltiples crisis que se extendieron por varios meses, provocando daños materiales, desabastecimiento de productos básicos y la privación del libre tránsito a miles de residentes. ¿Se aplicó justicia proporcional a los responsables? ¿Hubo castigo equivalente al daño causado?
Otro caso de inequidad sin castigo fueron las afectaciones a la industria turística de Bocas del Toro, que había florecido y aportaba al desarrollo económico de la región. Los perjuicios locales e internacionales fueron considerables, pero no hubo castigos proporcionales ni reparaciones adecuadas por parte del Estado.
Tampoco puede ignorarse el daño considerable causado por algunos educadores durante la reciente huelga, cuando el ejercicio del derecho a protestar afectó a cientos de miles de estudiantes que no recibieron sus clases. El derecho de pocos no puede imponerse sobre el derecho de muchos. La suspensión del salario durante el tiempo no laborado no constituye un castigo proporcional al perjuicio educativo ocasionado. ¿Cómo debe el Estado manejar este tipo de situaciones cuando involucran a quienes tienen la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones?
Como se puede apreciar, Panamá está muy lejos de ser un país donde prevalezcan la justicia equilibrada y la proporcionalidad retributiva frente a los daños causados. ¿Será este el futuro al que tendremos que acostumbrarnos? Ñagare.
El autor es ciudadano.
