Los diputados panameños de la República reciben mensualmente la nada despreciable suma de $7 mil mensuales (lo mismo que ganan los ministros y el presidente de la República). Esta se divide en $1,800 de salario, $3,200 de gastos de representación, $1,000 de dietas por las reuniones de comisiones y $1,000 para gasolina. Es probable que solo se les descuente del rubro salarial, aunque, por ley, deben declarar la totalidad de estos ingresos al cierre del año fiscal, ya que los demás conceptos también generan impuestos, incluidos los gastos de representación, que desde 2005 están sujetos al pago de seguro social. Es pertinente detallar estos ingresos para comprender el desorden salarial que caracteriza al ámbito legislativo.
En primer lugar, están los $1,000 mensuales para gasolina. Ninguno de los 71 diputados los consume, nada cercano a esa cifra, pero se quedan con todo ese dinero. Entonces me hago la siguiente pregunta: ¿cómo declaran al final esa gasolina que no utilizan, pero cuyo monto se lo quedan? ¿En qué rubro de la declaración de renta lo colocan? Aquí existen enormes indicios de peculado, cuando supuestamente reciben dinero público para un campo específico, pero lo usan para otra cosa; o peor todavía, se quedan con esa plata.
Luego tenemos el rubro de las dietas, del cual reciben otros $1,000 mensuales. Recordemos que los diputados ejercen la curul de enero a abril y de julio a octubre (8 meses al año). Es decir, durante 4 meses no tienen sesiones. Se supone, además, que las reuniones de las comisiones son parte de su trabajo; pero a pesar de ello, dentro del periodo de sesiones, también les pagan esos $1,000 mensuales de dietas, adicionales al salario y gastos de representación. Pero entonces, en los meses de mayo, junio, noviembre y diciembre, es decir, fuera del periodo de sesiones, resulta que les pagan la totalidad de los $7 mil mensuales; cuando lo lógico es que reciban solamente los $1,000 de dietas si es que tienen reuniones de comisiones en ese tiempo, como podría suceder; e incluso pagarles ese salario y gastos de representación, cuando el presidente de la República convoque a sesiones extraordinarias.
Pero ellos son insaciables y, por consiguiente, están recibiendo dinero que no producen o por labores que no ejercen fuera del período de sesiones, que serían los $5 mil de salario y gastos de representación juntos; cuando lo comprensible (respecto al salario y gastos de representación), sería pagarlos en los meses de sesiones ordinarias (enero a abril y julio a octubre), y en las extraordinarias cuando las convoca el presidente de la República.
No tiene justificación que los diputados reciban un salario completo de $7,000 fuera del período de sesiones si, durante ese mes, no hubo sesiones extraordinarias ni reuniones de comisiones, y menos que se les paguen los $1,000 correspondientes a gasolina. Esto es comparable con la regulación sobre el ejercicio de la abogacía, que, según la Constitución, los diputados solo pueden ejercer fuera del período de sesiones para evitar incompatibilidades entre responsabilidades públicas y privadas. Incluso si optaran por ejercer la abogacía durante el período de sesiones mediante una licencia, deberían separarse del cargo y habilitar a su suplente, como establece su reglamento interno. Sin embargo, en la práctica, esto no se cumple, y algunos llegan a desempeñar ambas funciones simultáneamente.
En síntesis, los “honorables diputados” reciben $1,000 de gasolina que no usan porque no lo requieren, ni dentro ni fuera del período de sesiones pero se quedan con el dinero; reciben $1,000 de dietas dentro del período de sesiones, a pesar de que las reuniones en las comisiones son parte integral de su trabajo; reciben salario y gastos de representación completos ($5 mil mensuales), fuera del período de sesiones, a pesar de que no ejercen la curul y aunque no haya sesiones extraordinarias; y también les pagan los $1,000 de dietas fuera del período de sesiones, aunque no haya reunión de comisiones.
Ni hablar del resto de las prerrogativas de telefonía, placa, carros sin impuestos, etc., que no caben en este escrito; como también faltar cuando les dé la gana, sin que se les descuente un céntimo. Agreguen a todo lo anterior “viáticos”, como los $4,800 aprobados recientemente al diputado Jamis Acosta, para estar 7 días en Rabat, África; sin contar una planilla absoluta de la Asamblea Nacional que hoy, llega a los 4,719 funcionarios y subiendo (66.4 para cada diputado en promedio).
El autor es abogado.
