Panamá atraviesa un momento crucial de su historia. Como uno de los principales centros logísticos y financieros en América Latina, el país encabezó el crecimiento económico en la región, con un promedio del 6% anual, durante dos décadas. En este recorrido, que redujo significativamente la pobreza, recortó el desempleo y transformó para siempre la silueta de la capital, el Canal y un sector bancario sólido desempeñaron un papel fundamental. El tiempo pospandemia, sin embargo, revela que Panamá enfrenta profundos desafíos en materia de infraestructura, productividad, inclusión y lucha contra el cambio climático. Sin dudas, abordarlos exigirá un mayor desarrollo y una participación más activa del sector privado.
Uno de los principales retos de Panamá es la mejora de su infraestructura. Según el Grupo Banco Mundial, el país realizó altos niveles de inversión en la materia entre 2008 y 2015, lo que propició una expansión económica robusta. Pero numerosos sectores, como transporte, energía y agua y saneamiento, quedaron evidentemente rezagados. Pensemos, por ejemplo, en el estado y el número de carreteras en amplias partes del interior: Panamá ocupa el puesto 50 en calidad de infraestructura vial y la densidad de vías se encuentra entre las más bajas de Centroamérica, de acuerdo con el Foro Económico Mundial.
Una alternativa para cambiar esta realidad son las asociaciones público-privadas (APP). Este año, el Ministerio de Obras Públicas y la empresa Intervial Chile suscribieron el contrato de rehabilitación y mantenimiento por estándares de desempeño de la carretera Panamericana Este, el primer proyecto implementado bajo el modelo de APP en Panamá. La obra —estructurada por la Corporación Financiera Internacional (IFC) y financiada por el sector privado— apuntalará la comunicación logística hacia el este del país, reforzará la seguridad y calidad de la vía, y fomentará el desarrollo agrícola y turístico. Hacia adelante, promover nuevas APP será primordial.
Aunque Panamá es un país de ingresos altos, los resultados educativos son comparables a los de economías de ingresos medianos bajos. Orientar la educación superior a las necesidades del país aumentaría el capital humano y mejoraría el acceso de la población, especialmente los jóvenes, a empleos más calificados. En términos de productividad, esto beneficiaría no solo a las empresas grandes, sino también a las pequeñas y medianas, que representan un motor importante para el desarrollo de Panamá.
Diversificar la economía es otro desafío de larga data para Panamá. Sin dejar de apoyarse en el vigor del Canal y del sector bancario, el país todavía puede explotar sectores con gran potencial como la agroindustria, el turismo sostenible, la industria manufacturera y servicios más allá de los logísticos y comerciales, aprovechando su ubicación estratégica y la tendencia del nearshoring.
La reputación de Panamá representa, igualmente, un reto sustancial. Al respecto, sostener los esfuerzos para evitar las listas grises, avanzar en la necesaria consolidación fiscal para recuperar o no perder el grado de inversión y continuar promoviendo la inversión extranjera directa aparecen como pasos necesarios para potenciar la imagen del país en el exterior.
Como sabemos, Panamá es uno de los países más expuestos a los múltiples impactos del cambio climático. Y, tal cual ocurre en otras latitudes, son aquí las regiones más pobres y remotas las más afectadas por fenómenos extremos como tormentas, inundaciones y sequías. Frente a ello, el sector privado —incluido el sector financiero— debe asumir un rol protagónico, optimizando el uso de recursos y mejorando el desempeño ambiental, lo que, está comprobado, redunda en reducciones de costos e incrementos de la eficiencia. En este punto existe una oportunidad para que las empresas desarrollen nuevos productos y servicios y atiendan nuevos mercados.
Finalmente, uno de los retos más grandes del país sigue siendo la desigualdad, que es mayor en poblaciones como la afrodescendiente y en las comarcas indígenas, donde las tasas de pobreza alcanzan un 70%. Las múltiples crisis globales han ampliado estas brechas, ocasionando descontento en varias partes del mundo, incluyendo Panamá. Recuperar la confianza de la población es un trabajo arduo, pero posible en la medida en que el sector público y el privado trabajan codo a codo para abrazar un crecimiento más inclusivo.
En este escenario, resulta más que bienvenida la intención manifiesta del próximo gobierno de colaborar estrechamente con el sector privado. Dar respuesta a los desafíos urgentes y, en el camino, lograr un Panamá más próspero para todos requerirá, irremediablemente, de empresas privadas más sostenibles, productivas y comprometidas con el devenir del país.
La autora es gerente regional de la Corporación Financiera Internacional (IFC) para Centroamérica.
