Comentarios recientes del contralor general de la República han reavivado el debate sobre la integridad financiera del país. El funcionario advirtió que servidores públicos han logrado depositar cuantiosas sumas de dinero en el sistema bancario nacional sin una verificación adecuada del origen de esos fondos.
Estas declaraciones afectan directamente la reputación de Panamá como centro financiero, al plantear interrogantes sobre la supervisión, el cumplimiento y el respeto al Estado de derecho.
Un caso que se remonta a más de una década ilustra estas preocupaciones. El propietario de un banco panameño fue detenido en Londres por cargos relacionados con delitos financieros, mientras que uno de sus accionistas registra tres condenas por causas similares. El banco fue incluido en la Lista Clinton (OFAC) de Estados Unidos y ha enfrentado diversas decisiones civiles —incluyendo fallos pendientes ante la Corte Suprema— que lo han condenado.
Sin embargo, más de diez años después, un cliente canadiense aún no ha recuperado su dinero, a pesar de que las pruebas respaldan ampliamente su reclamación.
El regulador bancario de Panamá sostiene que carece de autoridad para exigir el reembolso, remitiéndose por completo a los procesos judiciales. El resultado es un vacío peligroso: los bancos retienen fondos incluso después de fallos adversos; los tribunales avanzan con lentitud; y los clientes quedan sin recursos. La responsabilidad, a menudo, se desvía —a veces, increíblemente— hacia el abogado de la víctima.
Las implicaciones van más allá de una disputa individual. La falta de aplicación de la debida diligencia y de las decisiones judiciales debilita la protección del consumidor, socava la credibilidad de los organismos reguladores y expone a Panamá a riesgos reputacionales y financieros.
Un país no puede aspirar a la confianza global mientras permite un sistema en el que las sentencias no se ejecutan y los reguladores se deslindan de su responsabilidad.
La declaración del contralor es un primer paso necesario. El siguiente debe ser institucional: reformas significativas, supervisión efectiva y un renovado compromiso con el Estado de derecho.
Hasta entonces, inversores y ciudadanos enfrentan una realidad inquietante:en Panamá, incluso una victoria judicial no garantiza justicia.
El autor es abogado.
