En una esquina de El Chorrillo, una mujer enciende el fogón antes del amanecer para preparar las hojaldres que venderá a quienes bajan de los buses. Unos kilómetros más allá, un muchacho acomoda sus herramientas en el carro para salir a hacer un “camarón” que consiguió por WhatsApp. Más adelante, un repartidor revisa su celular, acepta un pedido y arranca la moto; cada entrega es una carrera contra el tiempo para asegurar lo del día. En otra zona de la ciudad, un conductor de plataforma enciende la aplicación y empieza a dar vueltas, esperando que el algoritmo le asigne el próximo viaje.
Ninguno está esperando que el gobierno anuncie una “reactivación económica” ni que bajen los intereses del banco. Su economía se reactiva cada mañana porque hay que comer. Ellos no están fuera del sistema. Son el sistema en su forma más cruda y persistente: la economía de poner para la paila, esa que no depende de contratos ni de anuncios oficiales, sino de resolver todos los días para que haya algo que llevar a la mesa.
Durante décadas hemos trazado una frontera aparentemente clara entre lo formal y lo informal. Pero esa línea no separa el trabajo que genera valor del que no; separa, más bien, lo que el Estado logra reconocer de lo que no alcanza a comprender. El problema no es la economía de la calle: es la incapacidad institucional para leerla.
El trabajo no espera al sistema. Nuestra estructura laboral sigue anclada en una lógica que ya no describe la realidad: la idea de que el empleo es algo que una empresa o el Estado “otorgan”. Pero en Panamá, el trabajo no se espera, se inventa. No es el sistema el que produce al trabajador; es el trabajador el que, día a día, produce economía antes de que el sistema logre nombrarla.
Esa economía —la de resolver, la de inventar, la de poner para la paila— no es una excepción: es la forma más extendida de participación económica en el país.
La trampa del diseño institucional. La llamada informalidad no es una anomalía; es una consecuencia. Miles de panameños sostienen una parte sustantiva de la economía operando fuera del radar oficial, no por elección, sino porque el acceso al sistema está mediado por trámites, costos y rigideces incompatibles con ingresos variables y cotidianos.
Aquí reside la paradoja: mientras el discurso oficial insiste en ampliar la base contributiva, el propio diseño institucional bloquea la capacidad de contribuir. Lo que se etiqueta como “informalidad” es, en la práctica, la imposibilidad de entrar a un sistema que exige estabilidad antes de ofrecer protección.
El resultado es claro: el trabajador se las arregla solo, y el sistema solo aparece para quien logra cumplir condiciones que muchos no pueden sostener.
De la formalización a la contribución. El desafío para Panamá no es perseguir al que trabaja por su cuenta, sino dejar de estorbarle. No se trata de obligar a las personas a encajar en una categoría, sino de rediseñar el sistema para que pueda integrarlas tal como trabajan hoy.
El Estado no puede limitarse a administrar reglas del pasado; debe facilitar su adaptación a la realidad productiva actual. Eso implica un cambio de enfoque: pasar de la formalización como requisito a la contribución como posibilidad. De un modelo que condiciona el acceso a la protección a una forma específica de empleo, a otro que habilite la participación desde la diversidad real de trayectorias laborales.
Asumir un rol de facilitador no debilita al Estado; lo fortalece. Al reducir barreras de entrada y adaptar los mecanismos de contribución a ingresos variables, el Estado amplía la base contributiva, hace más estables y previsibles sus ingresos y disminuye los costos de evasión y fiscalización. A la vez, mejora la trazabilidad de la actividad económica, eleva la productividad al integrar a quienes hoy operan al margen y reduce presiones sociales al ofrecer vías reales de protección.
En lugar de administrar la exclusión, pasa a capturar y sostener el dinamismo que ya existe: convierte la economía de resolver en un flujo contributivo continuo, más amplio, más justo y más sostenible.
El trabajo en Panamá no está por crearse. Ya existe, en cada esquina, en cada barrio, en cada jornada que empieza antes de que amanezca. Lo que falta no es empleo: es un sistema capaz de reconocerlo sin asfixiarlo. Porque, mientras el país siga tratando esa realidad como una anomalía, seguirá ignorando que es la economía de poner para la paila la que, todos los días y sin permiso, mantiene al país andando.
El autor es amigo de la Fundación Libertad.
