El prolongado cierre del sistema educativo debido a las protestas contra el contrato minero, independientemente de la legitimidad del reclamo ciudadano y del derecho a manifestarse pacíficamente, ha exacerbado desafíos preexistentes en nuestra educación. Este escenario tiene lugar en un contexto post-pandemia, en el que el derecho a la educación no fue adecuadamente protegido, en especial, en el caso de los estudiantes más desfavorecidos.
La desconexión del sistema durante la pandemia de la covid-19 y el ya existente retroceso en áreas cruciales como lectura, matemáticas y ciencias, evidenciado en pruebas nacionales e internacionales como las pruebas Crecer 2018 y el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) 2019 de la Unesco, ha impactado significativamente el derecho a aprender de los niños. Las estadísticas reflejan este impacto. Por ejemplo, en la prueba ERCE 2019, los estudiantes panameños obtuvieron un promedio de 659 puntos en lectura de tercer grado, inferior a los 696 puntos promedio de la región. En matemáticas, el promedio fue de 654 puntos, también por debajo de la media regional de 698.
Además, muchos centros educativos carecen de servicios básicos necesarios para garantizar una educación de calidad. La interrupción en julio del año escolar 2022 añadió un mayor grado de dificultad para la recuperación de los aprendizajes.
Cada interrupción abrupta del proceso enseñanza-aprendizaje agudiza los desafíos ya existentes. ¿Cuáles son las consecuencias del cierre de las escuelas, independientemente de su causa? Las consecuencias pueden abarcar desde el deterioro del aprendizaje hasta el acrecentamiento de la desigualdad educativa, el impacto en habilidades socioemocionales, el abandono escolar, menos años de escolaridad, especialmente entre los más desfavorecidos, y la imposibilidad de cursar una carrera universitaria.
El deterioro prolongado de los aprendizajes puede ensanchar la brecha educativa e imposibilitar la recuperación. Los estudiantes que ya mostraban dificultades en lectura, matemáticas y ciencias podrían experimentar un mayor rezago al no tener continuidad en los aprendizajes. La falta de acceso a recursos o apoyo adicional profundiza la desigualdad educativa y social. Durante la pandemia, sólo el 30% de los estudiantes en escuelas oficiales interactuaba varias veces al día con sus docentes, comparado con el 70% en escuelas privadas. Además, el 53% de los hogares indicaron que la calidad del aprendizaje de sus hijos no fue adecuada, según Unicef.
El impacto no se limita al ámbito académico. Las habilidades socioemocionales se ven afectadas. Los centros educativos son espacios cruciales para el desarrollo social, emocional y personal de los niños, niñas y jóvenes. La falta de interacción regular con compañeros y maestros los priva de experiencias fundamentales para su crecimiento socioemocional.
Las interrupciones escolares, consecuencia de la pandemia de la covid-19 y clases de insuficiente calidad a distancia, el cierre en julio de 2022 y la actual interrupción del proceso educativo, afecta la capacidad de los estudiantes para desarrollar habilidades interpersonales. Los docentes se enfrentan al desafío adicional de aplicar estrategias de recuperación para lograr aprendizajes significativos.
Este panorama produce efectos a largo plazo en el desarrollo del país. Un nivel educativo insuficiente en áreas esenciales no permite una preparación adecuada para un cambiante mundo productivo, reduciendo así nuestra competitividad y la capacidad de inserción de la persona en el mundo del trabajo. Panamá no puede permitirse más interrupciones de clases. Desde Jóvenes Unidos por la Educación, hemos propuesto alternativas para garantizar el derecho a la educación. Cómo defensores de la educación, respetamos el derecho a protestar pacíficamente pero, como sociedad, debemos reconocer que cada interrupción amenaza el presente y el futuro de miles de niños, niñas y jóvenes.
Hoy, más que nunca, nuestra comunidad educativa, que incluye estudiantes, docentes, padres de familia y administrativos, debe desempeñar un papel protagónico en el mejoramiento de la calidad educativa. Esto implica la implementación de propuestas consensuadas, como las del Compromiso Nacional por la Educación, validadas a través del Pacto del Bicentenario. Nuestro sistema educativo no puede seguir siendo un multiverso que amplifica la desigualdad, especialmente cuando los más afectados son nuestros niños, niñas y jóvenes. Hagamos de la educación de calidad, equitativa e inclusiva el escenario que nos lleve a la construcción de un Panamá en igualdad de oportunidades.
El autor es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación
