El pasado 24 de julio, a pesar de las numerosas protestas, tal vez las más largas en la historia de Israel, donde más de medio millón de personas salieron a manifestarse, el gobierno de Benjamín Netanyahu consiguió que la Knesset, la legislatura unicameral nacional de Israel, aprobara la “ley de razonabilidad”, una polémica reforma judicial impulsada por el Ejecutivo para limitar los poderes de la Corte Suprema, entre otras cosas, reduciendo su capacidad para anular las decisiones del gobierno.
Esta reforma es considerada como un ataque frontal a la democracia en Israel. Sus opositores afirman que le otorgará un poder excesivo a Netanyahu, suprimirá un sistema de contrapeso en cuanto a sus decisiones y podría derivar en impunidad judicial en los procesos judiciales que le siguen en su contra. Para muchos, esta reforma podría dar inicio a una era autocrática en Israel, lo que sumaría este país a la ola global de autocratización. Cifras del Instituto V-Dem respaldan tal afirmación, ya que, según el reporte de democracia de 2023, las autocracias están en aumento, con el 72% de la población mundial viviendo en regímenes antiliberales, lo que representa el 46% del PIB mundial.
Y es que las autocracias están emergiendo de sistemas democráticos, aprovechando el descontento de la población y las estructuras electorales y judiciales para llegar al poder y así, corroer el sistema para hacerlo inservible, debilitando la justicia para hacerla ceder.
Esto último es el eje central de nuestra reflexión. Si vemos el panorama global, la manipulación y control de los sistemas judiciales usualmente es el punto de quiebre y no retorno, donde se inicia la transición a un régimen autoritario.
Por ello es tan importante para nuestras democracias proteger los sistemas judiciales a toda costa, ya que es nuestro bastión contra las autocracias. La sumisión judicial ante el poder ejecutivo o legislativo facilita la concentración de poder que le permite a estos “líderes” reformar las normas electorales a discrecionalidad, para perpetuarse en el poder y eliminar toda posibilidad de transparencia o rendición de cuentas.
En América Latina podemos ver ejemplos claros de ello, el más reciente: El Salvador. La mayoría en la Asamblea Legislativa le permitió a Nayib Bukele capturar la justicia constitucional, lo que derivó en una destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República.
Ahora bien, vale recordar que la relevancia del poder ejecutivo también puede verse desde un rol activo y decisivo, despojándose de un papel de víctima, en aras de la protección de la democracia y el Estado de Derecho, ya que un sistema judicial independiente puede limitar de forma efectiva al ejecutivo, garantizando las condiciones de libertad de expresión y competencia electoral, para asegurar elecciones libres y fuerzas opositoras reales.
Lo anterior, ciertamente debe ser el rol del sistema judicial en una democracia liberal y verdadera. Las autocracias y los sistemas dictatoriales han reformado su forma de presentarse, ganando espacios en la geopolítica internacional. No esperemos una propaganda de regímenes del terror del siglo pasado, con represión y violencia rampante, sino debemos estar atentos a luchar contra las técnicas más sutiles de manipulación y engaño, que, de forma desapercibida y “elegante” pretenderán acaparar escaños hasta cercenar cada una de nuestras libertades y perpetuarse ilegítimamente en el poder.
