Una pequeña parte de la sociedad panameña (apenas el 34%) eligió a José Raúl Mulino como presidente de todos los panameños, y no solo del sector empresarial, al que, según sus propias palabras, “se debe y pertenece”.
El gran problema de la llamada democracia panameña es que, desde la invasión, los sucesivos gobernantes —esta vez elegidos por sufragio y voluntad popular— han repetido los mismos males que atribuimos a los militares: ausencia de justicia efectiva, tráfico de influencias, nepotismo, enriquecimiento ilícito, entre otros.
Cada vez más, nuestra sociedad pierde la credibilidad en el sistema democrático precisamente porque quienes resultan electos miran el poder como un salvoconducto para hacer negocios jugosos a espaldas del pueblo. Y, lo peor: actúan en contradicción con sus promesas de campaña.
Todo indica que José Raúl Mulino ya tenía una “agenda sui generis” que activaría si llegaba al poder, alineada con los intereses de sectores económicos que ven en las elecciones apenas un trampolín para sus negocios.
Esa agenda incluía la reforma a la Caja de Seguro Social, que beneficia más a quienes manejan el capital de los asegurados que a los propios pensionados, legítimos dueños de la entidad. Se realizaron consultas durante semanas, solo para imponer finalmente el criterio del Ejecutivo, en una práctica manipuladora propia del clientelismo tradicional.
También se pretende, de forma maquillada, reabrir la mina, un asunto que ya fue resuelto tanto por la justicia panameña como por un amplio rechazo popular debido al impacto ambiental de esa actividad.
En la democracia panameña, al parecer, lo importante es ganar, incluso con menos del 30% de los votos. Eso otorga legalidad, pero no legitimidad: el mismo problema que tuvo Laurentino Cortizo y que ahora enfrenta Mulino.
José Raúl Mulino está haciendo todo menos gobernar bajo principios democráticos. Descalifica a quienes no comparten su visión y lanza epítetos peligrosos, con la complicidad de algunos medios televisivos que victimizan a los verdugos.
Ha emprendido una persecución contra el Suntracs, tildándolo de “mafia”, pero no ha hecho nada contra las verdaderas mafias que se han enriquecido con la comida y las medicinas caras. Utiliza la justicia para encarcelar a dirigentes sindicales, mientras facilitó que su “socio y amigo” Ricardo Martinelli saliera del país rumbo a un exilio dorado en Colombia.
Algunos de sus ministros emplean un discurso de chantaje para infundir miedo respecto a la Ley 462, advirtiendo que sin ella no habrá fondos para los jubilados. Sin embargo, economistas bien documentados aseguran que la CSS mantiene liquidez.
Retiene el salario de los docentes en huelga para doblegarlos, pero nada dice del aumento de $4 000 otorgado, de un solo golpe, a los magistrados, ni del nombramiento de funcionarios con salarios astronómicos —embajadores y cónsules entre ellos— cuya función efectiva es casi imperceptible.
José Raúl Mulino está jugando con fuego: intenta imponer el miedo, en vez de ganarse el respeto que merece todo funcionario que actúa de buena fe. Gobernar no es atender a los intereses de quienes ven a Panamá solo como un botín. Nunca he sabido que el fuego se apague con gasolina, y eso debería saberlo el presidente de los panameños.
El autor es sociólogo y docente.
