Somos un país rodeado de dos océanos, la maravilla del canal, ríos, cascadas y playas hermosas, así como de una atractiva temporada lluviosa que, hoy día, se extiende prácticamente todo el año. Según el Instituto de Meteorología e Hidrología, Panamá es el quinto país más lluvioso del mundo. Estos activos naturales han sido siempre una de las fortalezas de nuestra biodiversidad y atractivo tanto para nacionales como para extranjeros.
A pesar de ello, Panamá sigue afrontando retos importantes en materia de acceso y distribución del agua potable, con consecuencias que van desde la afectación directa de vivir sin el líquido fundamental para la vida —incluyendo al ser humano como parte de la biodiversidad— hasta las alteraciones en la dinámica cotidiana. En muchos contextos, como el familiar, la falta de agua obliga a destinar varias horas al día para buscar, recoger, preparar o esperar el suministro mediante cisterna. De lo contrario, las responsabilidades familiares, escolares y laborales se ven trastocadas.
Desde una mirada de género, y tomando en cuenta la distribución social de los roles según el sexo, para una madre o mujer que tiene a su cargo las tareas de cuidado —ya sea de hijos, hijas, padres, madres, familiares con discapacidad o personas enfermas—, no contar con acceso al agua potable representa una carga adicional en su rutina diaria. Entre esas tareas están cargar y trasladar grandes tanques o cubos de agua sobre su cabeza u hombro, organizar utensilios en el fregador, limpiar sanitarios y mantener el hogar, con mayor rigurosidad si hay personas dependientes.
Esta sobrecarga de trabajo para las mujeres en contextos sin acceso al agua potable no solo genera afectación física, sino también tensión, depresión y un verdadero trauma. A todo ello se suma la presión de madrugar para cumplir con las tareas del hogar, cuidar, lavar, cocinar, llevar a los hijos a la escuela, asistir a citas médicas, trabajar —en el caso de quienes tienen un empleo— y un largo etcétera de responsabilidades socialmente asignadas.
Se suma a este trauma la grave situación que atraviesan las personas de escasos recursos que viven en comunidades alejadas o de difícil acceso, como ocurre en la región de Azuero. Allí ya se han encendido las alertas: hace algunos años se registró una grave contaminación del río La Villa por la presencia del herbicida Atrazina, utilizado para el control de malezas en cultivos de maíz, sorgo y caña de azúcar. Ahora, en 2025, las autoridades advierten nuevamente sobre altos niveles de contaminación en las fuentes hídricas, principalmente en ese mismo río. El origen del problema podría ser multifactorial, y no exclusivamente derivado de la actividad porcina.
La falta de compromiso, de políticas públicas ambientales efectivas y de la aplicación de un plan estratégico para contener el daño y buscar soluciones sostenibles en el tiempo ha provocado una crisis sanitaria por agua contaminada en esta región, irónicamente rica en recursos hídricos. Esta situación viola disposiciones de la Constitución Política de la República, que establece la obligación del Estado de velar por la salud de la población y garantizar mecanismos que aseguren el acceso al agua potable, con participación comunitaria en los procesos de planificación y ejecución.
Finalmente, en relación con los compromisos internacionales, recordemos que el Estado tiene la obligación de cumplir con la Agenda 2030, cuyo objetivo número seis establece el acceso universal al agua limpia y libre de impurezas.
La autora es abogada Defensora de Derechos Humanos.
