El vigadicidio

Tenemos un puente de las Américas de 62 años. Es un puente tipo arco, que en la parte central tiene cables que se denominan péndolas, que ayudan a soportar la losa por la cual circulan los vehículos. Originalmente tenía 3 carriles, ampliados a 4 en 1997. En 2008 se sometió a un profundo mantenimiento, a través de una contratación hecha por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), cuando se cambiaron las péndolas o cables verticales que sostienen la losa. Y se hizo una reparación de los elementos de apoyo a las bases del puente, reemplazando los remaches por pernos.

Posteriormente, en 2010, se licitó y contrató la reparación integral de la losa mediante un contrato que terminó costando $92.5 millones en 2017, ya que no había sido intervenida desde su construcción, salvo un refuerzo en la parte inferior con fibras de carbono para aumentar su resistencia al paso de los vehículos. Para reparar la losa del puente, como solución incluida en el contrato, se realizaron una serie de rehabilitaciones generales y el contrato incluyó la colocación de vigas de acero a lo largo de su estructura, con la necesidad de cerrarlo al público e iniciar las reparaciones. Alrededor de 1,500 vigas, cuya colocación era necesaria para reducir los espacios entre las losas.

El gobierno de 2009-2014 decidió no utilizar las vigas en el proceso de saneamiento del puente, debido al costo político que implicaba cerrarlo durante un año o más. Por lo tanto, no se instalaron los conectores entre vigas y losas, necesarios para prolongar la vida útil del puente. Pero, entonces, ¿por qué las compraron? ¿No sabían de antemano que la instalación de las vigas requeriría cerrar el puente por tanto tiempo? En otras palabras, el “vigadicidio” comenzó tirando más de $6 millones a la basura con esa compra. Como resultado, esas enormes vigas de 3 toneladas cada una, un total de 1,500, fueron abandonadas en un patio del MOP en Farfán. Y cuando estalló el escándalo en esta administración por la supuesta desaparición de 600 vigas, se descubrió que, en un lapso de 14 años, ya habían desaparecido 900. Sin embargo, ese es otro tema. Lo que hoy se busca son las 600 vigas que debió haber dejado el gobierno de Cortizo. Algunas aparecieron misteriosamente en juntas comunales. Curiosamente, aunque existen notas de los representantes solicitándolas (Las Cumbres, Burunga, etc.), no hay constancia en el MOP de las notas de entrega que certifiquen qué, cuánto y cuándo se entregó.

Llama la atención la urgencia del Ministerio Público (MP) por encontrar las vigas, lo cual es válido. Sin embargo, parece que se ha dejado de lado investigar quién las entregó, cómo se hizo, qué pasos se cumplieron, la constancia de las entregas y la responsabilidad de cada funcionario en el proceso. Es necesario enfocarse en el custodio, es decir, quien supervisaba la mercancía, así como en el administrador responsable de realizar el inventario, para determinar si hubo apoderamiento (hurto o robo), sustracción (cuando el funcionario toma el bien para un tercero) o malversación (cuando el funcionario se apropia del bien para su propio beneficio).

La ineficiencia del exministro Rafael Sabonge en este tema queda en evidencia. Primero declaró que las vigas eran para descarte, luego que se las habían robado, y finalmente, que no sabía que, bajo su propia administración, algunas vigas habían sido “donadas” a juntas comunales sin su aparente conocimiento. Esto demuestra claramente que no estaba capacitado para el cargo, aunque el expresidente Cortizo lo mantuvo, pese a que también fue superado por la presidencia.

Desde el gobierno que compró las vigas pero no las utilizó, dejándolas a la intemperie, hasta el que pudo haber empezado a llevarlas en secreto, y pasando por el que permitió su robo sin darse cuenta, o las donó sin saberlo o las descartó sin verificar, hay más personas involucradas de lo que parece. Actualmente están detenidos el exrepresentante de Veracruz, quien las vendió a recicladoras; un exfuncionario de la CSS que prestó sus cuentas bancarias para recibir el dinero de la venta; el encargado de la seguridad del depósito en Farfán; una persona que negoció la venta de las vigas a una recicladora; y el propietario de la recicladora. El MP debe dirigir sus esfuerzos en ubicar a todos los responsables, ya sean particulares o funcionarios.

El autor es abogado.