El lamentable y bochornoso acto de sustracción de seiscientas (600) vigas de metal, bajo custodia del Ministerio de Obras Públicas, es un delito que debe ser investigado a fondo para determinar la responsabilidad de todos los implicados, sin excepción.
Si estuviéramos en un episodio de La Tremenda Corte, Aníbal de Mar, el Tremendo Juez, ya habría sentado en el banquillo a los cómplices del hurto e impuesto las penas correspondientes. Incluso Tres Patines estaría gritando: “¡Pa’ la reja!”. Sin embargo, estamos en Panamá, donde quienes podrían ser llamados a rendir cuentas por este grosero hurto y otros delitos similares, claman por el respeto al debido proceso y la objetividad de la investigación, lo cual, como abogado, reconozco que debe garantizarse, pero sin dilaciones ni obstáculos que eviten la correcta aplicación de la justicia.
Como dice Rubén Blades en su obra Pedro Navaja, “hasta para ser maleante hay que estudiar”, y en este caso es sorprendente e ingenuo que quienes cometieron el robo creyeran que pasarían inadvertidos, dado que las vigas, que no caben en la cajuela de un automóvil, requirieron una logística considerable (camiones, grúas, escoltas, etc.), lo que inevitablemente llamaría la atención.
Estos materiales se encontraban en un depósito bajo la custodia del Ministerio de Obras Públicas, por lo que todos los funcionarios involucrados en dicha custodia y las autorizaciones de salida deberán rendir cuentas. Además, deberán ser llamados a responder quienes se beneficiaron directa o indirectamente del robo, quedando en manos de los tribunales determinar su responsabilidad penal y/o patrimonial.
No se trata de una pequeña cantidad de dinero, sino de más de tres millones de dólares del erario público, fondos que provienen de nuestros impuestos y que podrían haberse destinado a inversión social en infraestructura, hospitales, escuelas, etc. Actualmente, ese dinero está en manos de una camarilla de delincuentes que se han aprovechado de sus cargos de mando y jurisdicción. No se trata únicamente del guardia que vigilaba las vigas o del camionero que las transportó, sino de todos aquellos que tenían el poder para autorizar su salida del depósito.
El presidente de la República ha sido claro en que la cuenta de la fiesta la tendrán que pagar los que la gozaron. Esperamos que los organizadores de esta fiesta, y no los meseros, sean quienes asuman la responsabilidad por el daño patrimonial millonario cometido contra el pueblo panameño, pues nos han robado de manera vil y descarada, al mejor estilo del viejo oeste.
Como sociedad, debemos repudiar enérgicamente estas acciones y estar vigilantes para que se declare la responsabilidad penal y patrimonial de todos los involucrados. Desde quienes participaron activamente en el delito hasta quienes, por omisión, facilitaron el robo, nadie debe quedar impune.
El autor es abogado
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