Disfrutando del bálsamo que produce la brisa de verano aquí en Guararé, tierra natal de mi progenitor, debajo de la sombra de un árbol de jobo, viene a mi memoria la lucha por alcanzar la carrera judicial. Mi venerable ignorancia me obliga a garabatear el origen de la historia, pero como la recuerdo la cuento, aunque sólo sea exclusivamente para quienes la desconocen. El 11 de octubre de 1968, la Guardia Nacional propinó un golpe militar –manu militari- que propició una brutal represión, defenestrando al gobierno recién elegido, proscribiendo a los partidos políticos y declarando insubsistente la Constitución de 1946. Toda la noche llovió sobre los istmeños. En la noche del viernes 11 de octubre de 1968, la Guardia Nacional derrocó al doctor Arnulfo Arias Madrid, que se encontraba en un cine de la ciudad. Al enterarse, se refugió en la Zona del Canal, bajo el control del ejército estadounidense. Los militares dictaron el Estatuto de Gobierno Provisional –el 17 de octubre de 1968- con el que gobernaron a la República hasta el 11 de octubre de 1972, en que se promulgó la Constitución Política de 1972. Dentro de este contexto autoritario, sin libertades democráticas, se erigió un Poder Judicial genuflexo, donde la carrera judicial fue hecha añicos. En “la historia de los hombres, cada acto de destrucción encuentra su repuesta, tarde o temprano, en un acto de creación”.
La rebeldía ciudadana y la angustia social han venido empujando un proceso democratizador, espacioso, procurando adecentar la justicia y conquistar una verdadera carrera judicial. Carrera que dote de estabilidad al juez, que lo dignifique y genere un servicio público imparcial, justo y honesto. En esa histórica lucha han participado destacados juristas, conciudadanos probos, jueces y magistrados consagrados a la Constitución y la ley. Un grupo de gente terca, que se resiste a ser un país con una justicia podrida y que “la hace irrespirable”.
El 27 de agosto de 2015 se promulgó la Ley 53 que “regula la carrera judicial”. Fue letra muerta hasta hace poco, porque tiene muchos enemigos dentro del sistema judicial. Esta excerta legal, que constituye un estratégico avance, contempla un apartado intitulado “Jurisdicción de Integridad y Transparencia”. Este Tribunal, junto a la Unidad de Investigación y la Defensoría Especial, estará a cargo de la investigación, juzgamiento, defensa y aplicación de las sanciones que correspondan a las faltas cometidas por los servidores judiciales. Se terminan los días para los jueces y magistrados soberbios y deshonestos. El Tribunal estará integrado por tres magistrados seleccionados por concursos abiertos, procurando que en el procedimiento de evaluación de aspirantes se garantice la participación de la sociedad civil organizada, pensando en el fortalecimiento de la administración de justicia. Se garantiza el debido proceso; el principio de transparencia y rendición de cuentas; el derecho a la defensa, y la objetividad en la investigación. No habrá cabida para juzgadores corruptos y arbitrarios. Eso esperamos, mientras espantamos a los demonios.
El 24 de febrero pasado, fueron juramentados y tomaron posición de sus cargos los magistrados, defensores y un magistrado investigador del Tribunal de Integridad y Transparencia. Se trata de un grupo de distinguidos juristas, que iniciaron funciones el 1 de marzo pasado. El proceso de implementación de la carrera judicial implica someter a concurso todos los cargos para magistrados de Tribunales Superiores y de Apelación y para jueces de circuito de garantías y de cumplimiento. Además, se aprobó declarar vacante cientos de posiciones de la carrera administrativa judicial para someterlas a concurso.
Viene a mi quijotesca memoria el día en que el Ejecutivo firmó la sanción de la ley de carrera judicial. Estábamos un puñado de juristas cerca de la Presidencia de la República. Destaco la lucha de Ana Zita Rowe, Ruby Ibarra, Marianela Pereira, Harry Díaz, Santander Tristán y María Eugenia López, entre otros. Al momento en que tocaba ir al histórico momento, a María Eugenia López se le rompió el tacón de su zapato izquierdo. Ella dijo que nada le impediría llegar al Palacio de las Garzas y cojeando, con menos glamour, llegó a la sanción presidencial de la ley. Hoy le corresponde a ella la tarea histórica de implementar la carrera judicial, para adecentar el Órgano Judicial, sin el tacón roto.
El autor es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados
