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INDEPENDENCIA JUDICIAL

La elección de los magistrados

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La elección de los magistrados

Me encontraba en Churuquita Chiquita, cuando un activista del partido panameñista me interrumpió para entregarme el programa de gobierno “Alianza el Pueblo Primero”, del entonces candidato presidencial Juan Carlos Varela. Diversas promesas electorales me sedujeron, pero había dos en particular que me simpatizaron supremamente, a saber: “Convocaremos una asamblea constituyente paralela, dentro de los primeros dos años de gobierno, para fortalecer la separación de poderes”… y además “Designaremos un (a) procurador (a) y magistrados (as) de la Corte con independencia de criterio y en consulta con representantes de organizaciones de la sociedad civil”. El domingo 4 de mayo de ese año, el 39.1%, de los panameños que fueron a las urnas, eligieron al señor Varela presidente de la República. En medio de la algarabía, el presidente Varela brindó un discurso a la nación, en el que pidió el apoyo “para gobernar como un país y no partidariamente”.

Muchos pensaron que quedaban atrás las tristes realidades que retratan los versos de Rubén Blades: “Pablo Pueblo llega hasta el zaguán oscuro y vuelve a ver las paredes con las viejas papeletas, que prometían futuros en lides politiqueras, y en su cara se dibuja la decepción de la espera”. En diciembre de 2014, escogió a la secretaria del Consejo Nacional de Seguridad, Kenia Porcell, sin consultar a la sociedad civil, para el cargo de procuradora general de la Nación. El 1°de julio de 2016, en su discurso ante la Asamblea Nacional, se dirigió a la nación y manifestó que “la convocatoria a una asamblea constituyente estaba cancelada”. Recientemente, el presidente Varela, en medio de la crisis esc andalosa de la justicia, ha dicho que se equivocó al escoger a los últimos dos magistrados, y que la próxima selección la hará“dedocráticamente”.

La causa por la cual el Poder Judicial no es independiente ni imparcial es porque el sistema de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que está consagrado en el artículo 203 de la Carta Magna, propician la excesiva politización de ese poder público. Tradicionalmente, el Ejecutivo escoge a personas incondicionales y genuflexos. La judicatura, para asegurar la paz social y la seguridad jurídica, requiere que sea independiente de las instituciones políticas y del público en general, es lo que los tratadistas denominan “insularidad política”. Esta forma de independencia consiste en que el juez no debe ser genuflexo al poder político o al temor público.

Constituye una demanda cívica que el mecanismo de consulta ciudadana diseñado por el Pacto de Estado por la Justicia sea retomado por el Ejecutivo en la próxima selección de magistrados de la CSJ, y se implemente la ley de carrera judicial; mientras hagamos realidad un nuevo estatuto fundamental.

La nación transita por una profunda crisis de la institucionalidad democrática; el Ejecutivo se ha divorciado de sus promesas de convocar a los connacionales para una asamblea constituyente, y de consultarlos para elegir a los magistrados de la CSJ. Ramón Fonseca Mora, exasesor del presidente, dijo que en el Palacio de las Garzas se fraguó la designación del presidente actual de la CSJ por su “docilidad”. A su vez, el Ejecutivo le ha atribuido a los otros poderes públicos actos delictivos, sin presentar pruebas ni individualizar a los responsables; y esto va minando la democracia hasta corroer la esencia misma del concepto y sus principios fundamentales. La seguridad pública está arrinconada por la creciente criminalidad que sacude el país; muchas comunidades rurales y urbanas no reciben el suministro de agua potable regularmente; el serio problema del transporte y el congestionamiento vial le resta calidad de vida a los panameños; la pobreza extrema y la falta de viviendas decorosas acrecientan la angustia social; el alto costo de la vida y de los servicios públicos hacen escuálidos a los hogares panameños. En fin, el modelo político-económico está pauperizando a la gente.

La crisis está generando, objetivamente, las condiciones para convulsiones sociales dirigidas a barrer la corruptela y la podredumbre de la clase política tradicional y del establishment. El pueblo irredento saldrá a las calles a reclamar lo que los poderes públicos, de este sistema de privilegios, le han negado: Justicia. La redención nacional empieza por constituir una asamblea constituyente originaria, que viabilice un pacto constitucional, que acabe con el tráfico de influencias, la corrupción y los chocantes privilegios de los gobernantes. Es de vital importancia para la supervivencia de las sociedades civilizadas contar con instituciones suficientemente fuertes que garanticen el respeto de los derechos individuales y colectivos. Sepan los gobernantes que el triunfo electoral no es un cheque en blanco, y que los pueblos, más temprano que tarde, reclamarán cuentas por sus promesas incumplidas.

El autor es abogado y exfiscal auxiliar

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