El domingo 12 de abril, los peruanos, con poco entusiasmo, acudirán a las urnas para elegir a un nuevo presidente. Pero esta elección no parece abrir un diálogo con el futuro, sino poner al descubierto la precariedad del presente político peruano. En las últimas décadas, la política peruana ha estado marcada por una inestabilidad persistente, en la que figuran expresidentes encarcelados, uno suicidado y otros destituidos antes de concluir su mandato. En este contexto, la pregunta deja de ser solo quién ganará la elección, sino qué condiciones estructurales explican que el ejercicio de la presidencia en el Perú parezca conducir, una y otra vez, al descrédito, la sanción o la caída. ¿Será, entonces, que la política importa?
Treinta y cinco candidatos disputarán la presidencia de Perú, lo que refleja una alta fragmentación política. Esta cifra representa una de las contiendas más complejas de la historia del país, en busca de los sucesores para el período 2026-2031. Desde luego, el número de candidatos no es el elemento causal, sino la dispersión de las preferencias que configuran la fragmentación, que no puede explicarse por una sola causa, sino por la convergencia de varios factores: desde reglas electorales permisivas, que han implicado una facilidad para inscribir partidos, hasta un sistema electoral centrado en los candidatos (voto preferencial), que pulveriza principalmente a los partidos menos institucionalizados, menos programáticos y además menos disciplinados.
Se suma a las reglas institucionales la heterogeneidad social —la dimensión identitaria, étnica y la dimensión urbano-rural— y la territorial. En este último caso, es el proceso de descentralización, en el que cada región busca representación con base en movimientos y maquinarias propias, lo que ha provocado una desconexión de las plataformas nacionales, que se organizan sin densidad social ni capilaridad territorial.
A esto se suma la crisis de representación, donde los partidos pierden legitimidad constante, dada la precariedad de las gestiones de gobierno y el déficit de legitimidad, abriendo espacio a nuevas organizaciones y movimientos antiestablishment. Esto se ve retroalimentado por un sistema de medios de comunicación —antes la televisión y hoy las redes sociales— que facilita candidaturas más personalistas, menos dependientes de aparatos partidarios, lo cual fomenta la fragmentación y la invisibilidad de la cuestión programática.
Una de las causas de la fragmentación es la economía, ya que el neoliberalismo contribuye a ella, fundamentalmente cuando desorganiza las bases sociales de la representación, diluye las diferencias programáticas entre partidos y conduce a una guerra de “eliminación” del adversario. El especialista Kenneth Roberts evidencia cómo ese mecanismo funciona. Primero, el neoliberalismo rompe los vínculos históricos entre partidos y sociedad. Y es que, si un partido que representa a la clase trabajadora, a sectores populares o clases medias organizadas aplica reformas de mercado que golpean justamente a su base, el vínculo se erosiona.
En Perú, el colapso del sistema de partidos de los años noventa se mantuvo incluso después de la caída del régimen autoritario en el año 2000, con la mantención de la Constitución de 1993. Los partidos, antes diferenciados programáticamente, convergieron de una forma que invisibilizó la marca partidaria y generó un continuo desalineamiento programático.
No se trata solo de que candidaturas de centro o centroizquierda prometieron una cosa y gobernaron haciendo otra, como Alejandro Toledo, Ollanta Humala o Alan García, que aplicaron o mantuvieron reformas neoliberales, sino también de que no se diferenciaron nítidamente entre las ofertas partidarias, contribuyendo a simplificar la percepción de que “todos son lo mismo”.
Un tercer mecanismo es la colonización de la vida a través de la precarización, la desigualdad y la frustración. Y, cuando los partidos más institucionalizados no canalizan ese malestar, aparecen ofertas por fuera del sistema, ya sea como outsiders o no (como ocurrió con Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo). De esa forma, la precarización institucional de la política termina sosteniendo la reproducción del modelo económico; de ahí que la economía vaya distante de la política.
Los modelos de desarrollo no solo producen efectos socioeconómicos; no existe disociación, aunque distintos campos disciplinares insistan en que existe una distancia significativa. La asociación se da en la medida en que las políticas económicas definen una agenda política, el encuadramiento de la representación y los contenidos programáticos propios de una disputa político-partidaria. En términos comparados, existe una asociación entre modelos de desarrollo inclusivos y universalistas y menores niveles de fragmentación partidaria. Mientras que los modelos menos inclusivos o neoliberales, que tienden a invisibilizar lo programático y buscan la convergencia, erosionan vínculos sociales, debilitan identidades partidarias y vuelven más inestable la representación.
Por eso Perú se ha convertido en el abanderado neoliberal en América Latina, un modelo a seguir, dado que la precarización es una especie de círculo virtuoso para mantener la economía alejada de las consecuencias políticas y sociales. Quizás Keiko Fujimori, quien parece probable que llegue a la segunda vuelta, pueda, si resulta electa, probar del veneno que su padre inoculó con la precarización institucional del sistema político y social en el Perú. Y, si el ganador es un opositor de la economía neoliberal, será desfenestrado bajo la misma hegemonía neoliberal, del tipo gramsciano, que predomina en el Perú.
El autor es sociólogo e investigador asociado de la Universidad Federal de Goiás, Brasil.
