La elección del próximo Defensor o Defensora del Pueblo en Panamá no debe entenderse como un simple trámite político, sino como una decisión de Estado que definirá el rumbo de la protección de los derechos humanos en los próximos años. En un contexto marcado por crecientes demandas sociales, desigualdades persistentes y una ciudadanía cada vez más vigilante, la figura del defensor del pueblo adquiere una relevancia indiscutible que no puede subestimarse.
Históricamente, esta institución ha sido llamada a actuar como un contrapeso frente a los abusos del poder, así como a ser un canal de mediación entre el Estado y la ciudadanía. Sin embargo, su efectividad depende en gran medida de la independencia, idoneidad y compromiso ético de quien ocupe el cargo. Por ello, resulta preocupante que, en ocasiones, el proceso de selección se vea influenciado por intereses partidistas o cuotas de poder.
El país necesita un Defensor o Defensora que entienda la complejidad del tejido social panameño, que escuche a las comunidades más vulnerables y que actúe con firmeza ante cualquier vulneración de derechos. No basta con cumplir requisitos formales; se requiere sensibilidad social, conocimiento técnico y una trayectoria que evidencie coherencia entre el discurso y la práctica. La legitimidad de esta figura se construye desde la confianza ciudadana, y esta solo se gana con transparencia y resultados concretos.
En este sentido, la Asamblea Nacional tiene una responsabilidad ineludible. Los diputados deben asumir este proceso con seriedad, alejándose de cálculos políticos y priorizando el interés general. La evaluación de los aspirantes debe ser rigurosa, pública y basada en méritos, y debe permitir, además, la participación de la sociedad civil como garante de transparencia. Solo así se podrá fortalecer la credibilidad de la institución.
Asimismo, es fundamental que el próximo titular de la Defensoría del Pueblo promueva una gestión cercana a la gente, descentralizada y accesible. Panamá es un país diverso, con realidades distintas en cada territorio, por lo que la defensa de los derechos no puede limitarse a la capital. Es necesario fortalecer las oficinas regionales y garantizar que cualquier ciudadano, sin importar su ubicación, pueda acceder a este mecanismo de protección.
De igual forma, el nuevo liderazgo deberá enfrentar retos emergentes, como el impacto del cambio climático en comunidades vulnerables, la protección de datos personales y los derechos en entornos digitales. Estos temas exigen una visión moderna y capacidad de adaptación, sin perder de vista los problemas estructurales que aún persisten, como la pobreza, la discriminación y el acceso desigual a servicios básicos.
La elección del próximo Defensor o Defensora del Pueblo es, en esencia, una oportunidad para reafirmar el compromiso del país con la dignidad humana. No se trata solo de llenar una vacante, sino de apostar por una institucionalidad sólida, independiente y al servicio de la gente. Panamá merece una Defensoría fuerte, capaz de alzar la voz cuando sea necesario y de tender puentes cuando el diálogo lo exija.
En manos de quienes tomarán esta decisión está la posibilidad de enviar un mensaje claro a la ciudadanía: que los derechos humanos no son negociables y que su defensa es una prioridad nacional. Elegir bien no es una opción, es una obligación ética y democrática.
En consecuencia, la sociedad civil también tiene un rol que desempeñar, vigilando el proceso y exigiendo rendición de cuentas antes, durante y después de la designación. La presión ciudadana informada puede marcar la diferencia entre una elección simbólica y una verdaderamente transformadora. Los medios de comunicación, por su parte, deben continuar investigando y abriendo espacios para el debate público, contribuyendo a que la población conozca los perfiles y propuestas en juego.
Solo con una ciudadanía activa, instituciones responsables y liderazgos íntegros será posible consolidar una Defensoría del Pueblo que esté a la altura de los desafíos actuales y futuros, garantizando derechos para todas las personas sin distinción alguna.
El autor es educador y promotor social.
