La República de Panamá, al igual que los demás países, no estaba preparada para una crisis originada por la pandemia de la covid-19. Y luego de tantos sacrificios que hemos realizado como nación, no es justo ni siquiera pensar en las dimensiones de una nueva crisis ni sus efectos sobre la ciudadanía. Imaginarse medidas y planes de ahorro estatal que involucren reducción de salarios o la creación de nuevos impuestos crearían caos y debilitaría nuestra democracia liberal imperfecta.
Con la covid-19, en Panamá pudimos evidenciar la grieta del Estado panameño: mientras los empleados del sector privado luchaban a muerte por sus puestos de trabajo, los trabajadores del sector público se aferraban a capa y espada de sus privilegios y tristemente la alta tasa de desempleados lo puso la empresa privada. ¿Quiénes pagarán la cuota de sacrificio si el Estado panameño no discute con celeridad el programa de Invalidez, vejez y Muerte (IVM)?
La actual Dubái de América se podría correlacionar con crisis de otros países europeos, en poseer un monstruoso aparato estatal y sus élites políticas (a.k.a. los nuevos burgueses panameños sin visa gringa) tenían una mentalidad clientelista y, hundidos en la deuda, acudían al crédito para cubrir la mayor parte del funcionamiento burocrático. La planilla estatal en países europeos en bancarrota se había cuadruplicado en 2009, porque la mayoría de los gobiernos no la consideraba un servicio público, sino una estructura nebulosa en la que podía colocar a los amigos para ganar electores.
Si no se logra salvar el programa de IVM de la Caja de Seguro Social, el escenario panameño sería desgarrador: comercios de la pequeña y mediana empresa sin clientes, y gente honrada en bancarrota y limosneándole al delegado del partido la inclusión en el vale digital. Sólo sobrevivirán los que se benefician de las licitaciones para suministrar productos farmacéuticos y equipos médicos quirúrgicos a los hospitales estatales y los que viven del arriendo de infraestructura de oficinas y automóviles al Estado panameño. Sobrevivirán los latifundistas partidistas especialistas en sobrecostos de la construcción de cualquier infraestructura estatal con énfasis en hospitales, policlínicas y centros de salud. Está claro que los empresarios beneficiados constantemente de licitaciones y la élite política clientelista no tienen ninguna preocupación por el IVM y, si Panamá entra nuevamente en crisis, ellos facturan y sus testaferros políticos también.
Ojalá Panamá no tenga nuevos mártires por la recesión económica que a la que nos encaminamos por las decisiones políticas de los asesores de turno. Ojalá que en esta crónica de un cataclismo social anunciado, Panamá no ofrende mártires que tendrían que pagar más impuesto sobre la renta, impuestos adicionales que vendrán en el recibo de la luz y el agua porque no habría escapatoria, o la cuota de solidaridad-sacrificio que nos impondría el gobierno de turno por omitir rescatar la institución solidaria en el 2023. Dios quiera que cuando queramos despertar y actuar, no tengamos la crisis de una tercera guerra mundial respirándonos en nuestras nucas.
Dos senderistas y usted caminan placenteramente por parque Volcán Barú. El primero se tropieza y cae precipicio abajo y usted podría salvarlo si llama a Sinaproc, pero decide no hacerlo y, por consiguiente el accidentado muere. Al senderista restante, usted lo empuja para que caiga precipicio abajo y muere al poco tiempo. ¿Cuál acción es más reprochable? Los dos actos son igual de reprochables, ya que la omisión de auxilio, como el asesinato activo, llevan a la muerte.
Impresiona que el sesgo de omisión prevalece en los asesores políticos actuales, entendiendo que hacerse de la vista gorda es subjetivamente menos inofensivo que una acción que puede producir daño político. Los actuales asesores no son parte de la solución. ¡Han sido parte del eterno problema panameño, porque ellos licitan en los hospitales!
El autor es cirujano especialista
