En torno a la elección del nuevo Defensor o Defensora del Pueblo, las redes sociales se llenan de pronósticos. ¿Quién será? Esa es la pregunta que domina la conversación pública. Rara vez alguien pregunta: ¿con qué herramientas contará la persona elegida para hacer su trabajo?
Esta costumbre de centrarnos en el “quién” y no en el “cómo” o en el “con qué” revela una creencia profundamente arraigada: que la calidad y la eficacia de una institución dependen de la persona que la encabeza. Si llega alguien capaz, funciona. Y, si no, fracasa. Es un pensamiento cómodo, porque reduce el margen de análisis del Estado: ya no se trata de un tema estructural, que requiere pensamiento avanzado y políticas de Estado, sino de un problema de entrevistas y “castings”.
Sin embargo, esta forma de administrar el Estado está destinada a la fragilidad. Un Estado que depende de que un individuo haga su trabajo, y que además lo haga con honestidad, entereza, capacidad absoluta y entrega devocional, no es un Estado de derecho, sino un Estado de voluntades. Incluso en el supuesto de que contemos con el mejor servidor público posible, el problema persiste si se mira la cuestión a la inversa.
¿De qué sirve tener a la persona más preparada, con conocimiento, capacidad y voluntad, si la infraestructura institucional no le permite ejercer sus funciones? Ya sea porque la institución es frágil desde sus cimientos o porque a ningún poder real le conviene que funcione de verdad, y por eso no le dan las herramientas ni el presupuesto necesarios para operar.
Pero volvamos a la Defensoría. No pretendo calificar la formación de los postulantes ni soy quién para opinar sobre su “solvencia” moral. Lo cierto es que Panamá ha tenido defensores con toda la formación en derechos humanos, administración pública y derecho constitucional, cuyo conocimiento pocos podrían poner en duda, así como también ha tenido defensores cuya área de experticia no era precisamente la de los derechos humanos. ¿El resultado? En ambos casos, la institución siguió siendo lo que su diseño le permitió ser. Ni más ni menos.
Por eso, la pregunta que importa no es quién llega, sino qué encuentra cuando llega: el recurso humano, las herramientas legales y presupuestarias, y los medios reales para tutelar los derechos fundamentales de la población.
La Ley 504 de 18 de diciembre de 2025, que subroga la antigua Ley 7 de 1997, rediseñó la Defensoría. Estableció una autonomía funcional, administrativa y financiera que impide, al menos en el texto, que la institución reciba instrucciones de alguna autoridad, órgano del Estado o persona. Creó una Carrera Defensorial basada en méritos, con la obligación de elaborar manuales de clasificación de puestos y, entre otras reformas, amplió las atribuciones para investigar, denunciar, mediar y actuar de oficio.
A pesar de ello, la pregunta sigue en pie: ¿esa autonomía financiera es real? ¿La Carrera Defensorial operará con transparencia o será otro mecanismo para disfrazar nombramientos políticos de meritocracia? ¿Los manuales de clasificación de puestos se elaborarán con rigor técnico o se archivarán junto con tantas otras buenas intenciones legislativas?
Una ley bien escrita es, cuando mucho, el primer paso. En una democracia que aspire a ser participativa, y no meramente representativa, es la sociedad la que tiene que exigir no solo que la institución funcione, sino que lo haga con los más altos estándares de excelencia. De lo contrario, la Defensoría se quedará en el papel: una aspiración pendiente más dentro de esa lista de obligaciones incumplidas del Estado.
Por lo pronto, tenemos que trabajar en nuestra constante tendencia a buscar mesías. Seguimos esperando que un nombre, el correcto, el brillante, el salvador, resuelva lo que solo puede resolver una estructura que funcione con independencia de quien la encabece. Una democracia madura no necesita héroes en cada despacho.
Panamá tiene pendiente ese tránsito: pasar de la cultura del caudillo institucional a la del diseño institucional. Y, para eso, hace falta algo más difícil que elegir bien a una persona: hace falta exigir que los mecanismos se activen, que el presupuesto sea real y que la autonomía no sea nominal.
La autora es miembro de la Fundación Libertad.
