El exvicepresidente José Gabriel Carrizo se enfrenta a la justicia por presunto enriquecimiento injustificado. Regresó a Panamá sin juramentarse en el Parlacen, un trámite que ya había intentado concretar el año pasado junto al expresidente Laurentino Cortizo, sin éxito. El fuero regional quedó fuera de su alcance, al menos por ahora. Es cuestión de tiempo: la historia reciente muestra que ese refugio rara vez se descarta del todo.
La atención mediática se concentra en el futuro judicial de quien fue el poder real de un gobierno marcado por escándalos de corrupción. Gaby encarna a esos “peces gordos” que la ciudadanía anhela ver tras las rejas en un país donde la impunidad es la norma. Pero es demasiado temprano —y también bastante ingenuo— asumir que eso ocurrirá.
Sobran razones para el escepticismo. En Panamá quienes detentan poder y recursos suelen salirse con la suya. Odebrecht es un claro ejemplo: la certeza del castigo se convierte en certeza del escape o, al menos, en la posibilidad de quedarse con una buena parte del botín.
Del caso contra Carrizo todavía se sabe poco. No está claro cuán sólidos son los elementos que maneja la Fiscalía Anticorrupción ni si se trata de un proceso judicial bien sustentado, de una puesta en escena con fines de distracción o de una combinación de ambos.
Así, más que adivinar el desenlace, conviene detenerse en algunos rasgos de la breve y deshonrosa carrera política de Gaby que deberían servir de espejo —y advertencia— a los actuales funcionarios.
1. El poder de los contratos
El Ministerio de la Presidencia de Gaby concentró todas las compras y contrataciones durante la pandemia y el olor a corrupción se sentía por doquier. La pandemia terminó, pero no las prácticas: persisten los contratos directos, las urgencias fabricadas y las licitaciones amañadas en beneficio de empresarios muy cercanos al poder. Mención aparte merecen quienes, como Félix Fallabella, se mantienen en la lista de favoritos pese a sus vínculos con individuos señalados por la OFAC por sus tentáculos con el régimen de Nicolás Maduro.
2. Amiguismo y conflictos de intereses
Con Gaby llegó al poder un combo de amigos, socios y compinches que acaparó cargos estratégicos en el país y en el servicio exterior. Una maraña de amiguismo y de conflictos de intereses no reconocidos que le costó millones al Estado. Ahí están, como pruebas, la renovación del contrato de Panama Ports y el vergonzoso contrato minero.
En el gobierno actual, esa mezcla indebida entre lo público y lo privado no solo persiste: se ha convertido en una constante. Es larga la lista de funcionarios y empresarios alineados —en intereses y bolsillos— con negocios como la reapertura de la mina, el etanol, entre muchos otros.
3. La Contraloría como cómplice
Ninguno de los grandes escándalos del gobierno anterior habría sido posible sin la complicidad del entonces contralor, Gerardo Solís. La fiscalización de los recursos públicos murió en la Avenida Balboa… y aún no revive. Hoy tenemos en el cargo a un empresario, lobista y operador político que, en sus ratos libres, refrenda contratos según su conveniencia. Eso debería encender todas las alarmas.
El desenlace judicial de Carrizo sigue en suspenso. Lo importante es que el foco mediático en su caso no sirva de cortina de humo para lo que ocurre hoy. Mirarse en el espejo de Gaby exigiría, por parte de los actuales funcionarios, una brújula ética de la que muchos no han dado señales.
Lo que sí deja claro el caso del exvicepresidente es que el poder político no es eterno, pero en Panamá sus métodos de abuso siempre se reciclan.
