A partir del 1 de enero de 2026, en España, la edad ordinaria de jubilación se elevará a 66 años y 10 meses, siempre que el trabajador haya cotizado al menos 38 años y 3 meses. Si cumple con ese requisito, podrá jubilarse a los 65 años. La meta es clara: en 2027 se consolidará el nuevo estándar de retiro a los 67 años para quienes no alcancen ese periodo mínimo de cotización.
¿Y qué hacemos en Panamá? Algunos ya sienten que trabajar más allá de los 60 años es un castigo, mientras otros —más resignados que optimistas— bromean con que la pensión solo la conocerán por Wikipedia. Sin embargo, al comparar las condiciones internacionales, es momento de mirar el panorama con mayor perspectiva y dejar de lado, por un instante, los temas candentes del continente (sí, Trump y Maduro incluidos).
España, con una de las tasas de envejecimiento más altas de Europa, avanza hacia un modelo orientado a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Aunque polémico, el aumento en la edad de retiro responde a la presión demográfica, al incremento de la esperanza de vida y a la necesidad de mantener el equilibrio fiscal. Además, la reforma incorpora mecanismos que flexibilizan la jubilación anticipada, con penalizaciones calculadas: entre un 21% y un 3.26% menos en la pensión, dependiendo de cuántos meses se adelante el retiro.
También se implementa un sistema dual para el cálculo del monto jubilatorio: los beneficiarios podrán elegir entre computar los últimos 25 años cotizados o 29 años excluyendo los dos peores, lo que permite cierta adaptación a trayectorias laborales irregulares. Este esquema se aplicará de forma gradual hasta 2044.
En contraste, en Panamá la edad de jubilación se mantiene en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, aunque en 2023 el Gobierno propuso elevarla como parte de las reformas a la Caja de Seguro Social. La iniciativa desató resistencias en múltiples sectores, lo que refleja una tensión legítima, pero también una desconexión con las realidades demográficas y financieras globales.
No se trata de copiar modelos ajenos, pero sí de comprender que la sostenibilidad del sistema no es una cuestión ideológica, sino matemática. La población envejece, los aportes activos disminuyen y las expectativas aumentan. Ignorar esa ecuación es postergar lo inevitable.
Por supuesto, el debate en Panamá tiene su propio contexto: informalidad laboral, bajos salarios, evasión y décadas de mala gestión administrativa. Pero una discusión madura exige mirar más allá del corto plazo y asumir que un retiro digno implica esfuerzos colectivos: desde mejorar la cultura de ahorro previsional hasta diseñar incentivos que permitan extender la vida laboral sin condenar a nadie a trabajar hasta el último aliento.
En todo caso, quizá sea prudente que quienes están a punto de estrenar su carné de jubilados vayan buscando el tinte para las barbas blancas y le den una sacudida a su portafolio de trabajo. Porque, seamos sinceros, con el ritmo actual, más de uno tendrá que seguir activo hasta bien entrados los setenta… o hasta que el cuerpo aguante.
El autor es estratega en tecnología, innovación y transformación digital.
