“Bichera” es el nombre que, en el pasado, se daba —especialmente en los pueblos del interior— a la apropiación indebida, aunque en pequeña escala, de gallinas, frutos o siembras en los patios por parte de moradores del propio vecindario, quienes, abusando del aprecio y la confianza de los dueños de casa, organizaban luego, a costillas de ellos, la fiesta del barrio.
Pese al indiscutible carácter doloso de las “bicheras”, estas quedaban registradas en la memoria colectiva como una travesura inocua y, por ende, sin repercusiones legales, resentimientos o sanciones posteriores por parte de la comunidad afectada.
Al parecer, la misma interpretación ingenua que se le otorgaba a las “bicheras” de antaño es la que ha querido darle el ministro Chapman a las transferencias por 11.5 millones de dólares aprobadas por el MEF para distintos municipios mediante créditos extraordinarios, bajo el argumento simplista de que esta asignación discrecional, primero, es legal y, además, representa una reducción del 96% frente a la aberrante cifra de 143 millones asignados por el gobierno anterior mediante la llamada “descentralización paralela”, caracterizada por una amplia discrecionalidad y ausencia de controles.
Como para no perder la costumbre del tradicional y nefasto clientelismo rampante que de sobra conocemos, Chapman sostuvo además que dichos apoyos se realizaron para atender “necesidades básicas de las comunidades”. Lo interesante de esta afirmación, viniendo del respetable ministro, es que los municipios y juntas comunales favorecidos por estas transferencias expeditas resultaron ser aquellos especialmente vinculados a diputados del actual gobierno o afines a él.
Tal es el caso del alcalde Antonio “Pope” Bernal (RM), del municipio de San Carlos, que utilizó $192,000 del subsidio recibido para hacer donativos a personas —entiéndase: clientelismo puro y duro—. Otros $150,000 fueron asignados a la Junta Comunal de El Chorrillo, controlada por el diputado Sergio Gálvez (RM). En el listado también aparece Aguadulce, feudo del diputado panameñista Jorge Herrera, actual presidente de la Asamblea, quien ha declarado abiertamente su respaldo al gobierno. El MEF le otorgó a dicho municipio, en diciembre de 2024, $150,000 para “funcionamiento y asistencias sociales”, sumados a los $150,000 que ya había recibido en octubre del Ministerio de Cultura para la celebración de la Fundación del Distrito, además de otros $325,000 en diciembre para las efemérides del 28 de noviembre y actividades navideñas y de fin de año.
Por su parte, la expresidenta de la Asamblea e influyente diputada de RM Dana Castañeda recibió fondos para la celebración de un topón en La Pintada. El alcalde Miguel Batista (CD), del municipio de Pedasí y vinculado al diputado Carlos Afú, recibió $750,000 para la atención de similares “necesidades básicas”.
El problema de fondo sigue siendo la discrecionalidad con la que el MEF distribuyó estos recursos, la opacidad en su ejecución y el hecho de que el principal albacea de nuestro patrimonio haya otorgado su aval sin mayores cortapisas o restricciones.
De paso, se supone que también debemos tolerar el enfado y las descalificaciones del contralor Anel Flores hacia quienes han cuestionado estos hechos, a los que calificó de “malintencionados y llenos de morbo”. Yo justificaría el enojo del contralor Flores, pero con él mismo, por permitir que bajo sus narices ocurran perlas similares de clientelismo institucional como las que están ocurriendo en la Asamblea Nacional, donde —según cifras de la propia Contraloría— entre octubre y noviembre de este año se incrementó en 1,558 funcionarios la planilla, hasta alcanzar 11,322 personas. Se supone, parafraseando al ministro Chapman, que ello es necesario “para atender las necesidades”, en este caso, de 71 honorables diputados.
Definitivamente, en nuestro país seguimos viviendo en tiempos de “bichera”.
El autor es pintor y escritor.
