Hace unos días estaba en mi oficina, cuando me visitó mi buen amigo y exdirigente sindical Pantaleón Ortega, quien por más de 30 años trabajó para nosotros llevando documentos a los tribunales de justicia, viéndose obligado a retirarse de esa tarea debido a un derrame cerebral. Al llegar con rostro visiblemente mustio y decepcionado me dijo en voz alta lo siguiente: “Me equivoqué al votar por este gobierno en las elecciones pasadas”.
Se quejaba de que las promesas electorales fueron incumplidas, de manera particular las que relacionaban la participación de la sociedad civil en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); la de brindar mayor seguridad pública; la de resolver la falta de agua potable; la de atender el mal estado de las escuelas en nuestro interior; la convocatoria a una asamblea constituyente; la de garantizar el acceso a un sistema de salud pública con buena atención médica; la de mejorar el transporte público en la ciudad, y poner más dinero en el bolsillo de los panameños, entre otras.
El plan de gobierno de la alianza El Pueblo Primero, en muchos aspectos, indubitablemente es un panfleto repleto de letra muerta y de mentiras. Me preguntó: ¿Cuántos panameños más sentirán lo mismo? Indiscutiblemente, tal afirmación de mi viejo y apreciado amigo, ya jubilado por suerte, tiene mucha justificación.
El presidente Juan Carlos Varela y su partido político prometieron instalar un gobierno honesto y decente de unidad nacional, intransigente frente a cualquier acto de corrupción; sin embargo, no se le brindó espacio de participación a los sectores independientes, y no pocos funcionarios se han visto envueltos en actos deshonestos. En materia de justicia se respira una gran decepción nacional.
Los panameños, con supremo desencanto, vemos diariamente cómo los procesos penales en los casos de gran corrupción sucumben por endebles tecnicismos, abriendo paso expedito a la impunidad.
Cada 24 horas se observa cómo uno a uno de los sindicados por delitos de gran corrupción salen de la cárcel favorecidos por los tribunales con medidas cautelares, fianzas excarcelatorias, amparos de garantías constitucionales o sentencias de habeas corpus. Mientras que los desheredados y aherrojados se pudren en las prisiones con detenciones preventivas abusivas y sin juicio por robarse una gallina.
Igual desastre existe en los tribunales civiles, en donde los expedientes se llenan de polvo, telaraña y polilla, sin que no pocos jueces y magistrados los resuelvan en un tiempo razonable, pues en vez de estar trabajando, pareciera que se la pasan bostezando y comiendo mafá con los pies cruzados encima de sus escritorios.
Hace unas semanas, con motivo de la profunda crisis que sacude al poder judicial, el presidente Juan Carlos Varela dijo que “me equivoqué al escoger a los dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, refiriéndose a los que designó en diciembre de 2015. Con esta expresión sepultó la posibilidad de que la sociedad civil participara en el escrutinio y selección de los nuevos magistrados que se deben nombrar, en diciembre de este año, en reemplazo de Oydén Ortega y Jerónimo Mejía.
Se ha reconocido hasta la saciedad que la excesiva politización, que viabiliza el artículo 161, numeral 4, de la carta magna, en atención al mecanismo para la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es el origen de la falta de independencia e imparcialidad en la administración de justicia.
La crisis nacional, y en particular la del poder judicial, no justifica linchamientos indiscriminados de jueces y magistrados; admitimos que los hay honestos e imparciales en las distintas instancias. Sin embargo, hay que reconocer, diafanamente, que la crisis es estructural, y mientras el modelo político-jurídico que postulan la Constitución de 1972 y sus reformas cosméticas no sea barrido con un proceso constituyente todo seguirá igual.
Para no equivocarnos debemos emprender un proceso de grandes rectificaciones nacionales, y eso solo es posible con un alumbramiento constitucional democrático.
En esa tarea, los beneficiarios del statu quo, que se enriquecen con la corrupción pública, son los más feroces opositores a dicho cambio democrático.
¿O me equivoco?
El autor es abogado.