Factores exógenos como la espiral inflacionaria mundial, provocada en gran parte por la invasión rusa a Ucrania, no es el problema. Tampoco la pandemia, que arrojó un costo de 3,544.99 millones de dólares al 31 de diciembre de 2021, cifra de la que no se ha rendido cuenta objetiva y real. Ambos, la guerra y el virus, son excusas para justificar el endeudamiento del Estado.
El problema es el despilfarro y el derroche ilimitado e irresponsable de los fondos públicos. Recordemos cuando en el momento más profundo de pandemia, este gobierno obligó a cerrar a la empresa privada, pero continuó pagando el salario de todos los funcionarios como si ésta no existiera. Exigió un sacrificio discrecional y conveniente que llevó a la quiebra a cientos de empresas y a la pérdida de su empleo a miles de trabajadores. Contrató en pandemia la suma de 213 millones de dólares en consultorías que ni el presidente ni su ministro del MEF tienen la menor idea en que se pagaron o así respondieron cuando se les preguntó hace unos meses. Menos se han dado a la tarea de transmitirnos la información en todo este tiempo.
Presume el gobierno de un desempleo que estaría en 9.9%, pero no incluyen a las 350 mil personas que reciben vale digital porque precisamente no encuentran trabajo, lo cual colocaría un porcentaje real de desempleo superior al 23%.
No han ejecutado obras de infraestructura de envergadura (tercera línea del metro, cuarto puente sobre el Canal, ampliación y arreglo de calles o edificación de pasos elevados). En su defecto, se jactan por pagar anualmente 2,260 millones de dólares en subsidios, así como mantener vigentes medidas de carácter social y económico como el vale digital, extendido ahora hasta diciembre bajo la utopía de la paz social, frente a protestas casi a diario de una ciudadanía indignada.
Pago que representa hoy la erogación de 42 millones de dólares mensuales (120 para 350 mil panameños), pero que no lo acompaña un plan de reactivamente económica que permita su pronta culminación, así como la creación de las condiciones necesarias para que la empresa privada pueda generar esos empleos. Presume el gobierno de un desempleo que estaría en 9.9%, pero no incluyen a las 350 mil personas que reciben vale digital porque precisamente no encuentran trabajo, lo cual colocaría un porcentaje real de desempleo superior al 23%.
Los funcionarios de la Asamblea Nacional superan los 8 mil (igualando casi la misma cantidad que en la ACP), entidad con el mayor crecimiento de botellas. Del total de la planilla del Estado, en 2021 se acumuló un gasto de 4,738 millones de dólares, más del doble de los ingresos del Canal, mientras que en 2022 se están contratando unos 5 mil funcionarios adicionales por mes, representando la planilla en el presupuesto un 38% de los gastos corrientes.
Los beneficios de la descentralización no han llegado a las comunidades, porque alcaldes y representantes se embolsillan los fondos con los gastos de movilización, ahora convertidos en gastos de representación, al ser aquellos declarados inconstitucionales, en adición a millones de dólares en dietas por reuniones que son parte de su función habitual. Y a este paso, la deuda externa se proyecta para finales de 2022 en 44 mil millones de dólares (hoy está cerca a los 43 mil millones).
En 2021, hubo un desbalance entre ingresos y egresos de 6.3% del PIB. Un triunfo pírrico cuando en 2020 fue de 9.1%, mientras que, en 2022, se espera un déficit dentro del 4% establecido por ley. Pero no es lo más adecuado que la ley de responsabilidad social fiscal establezca el límite de un déficit convenientemente estipulado, para después decirle a las agencias calificadoras cándidamente: ¡cumplimos! La verdadera solución está en el ahorro fiscal, en la generación de inversiones que rindan dividendos o ganancias y en una verdadera contención del gasto.
Es esto lo que redundaría en el equilibrio presupuestario, no la tarea fácil y engañosa de establecer un ilusorio déficit para demostrar una responsabilidad presupuestaria que no existe, siendo el derroche y el despilfarro de los fondos públicos, tristemente, la vileza que no detienen y la razón de este ilimitado endeudamiento que, a ese ritmo, adelantará nuestro completo y total descalabro económico.
El autor es abogado
