El temor de que salirnos del odiado contrato minero nos costará una suma impensable me ha hecho recordar la doctrina de deudas odiosas, de la que escribí varias veces cuando cayó la dictadura.
La situación en 1990 era que la dictadura nos había dejado una deuda externa de 6 mil millones de dólares, que era el endeudamiento per cápita más elevado del continente. Yo opiné insistentemente que era injusto obligar que el pueblo panameño pagara esa cuenta, porque las instituciones financieras internacionales (IFIs) que habían hecho los prestamos sabían muy bien que el gobierno dictatorial era ilegítimo; no se nos debía hacer pagar por nuestra propia opresión. A la época, esa posición no tuvo apoyo. Funcionarios del gobierno de Endara temían que las IFIs le negarían prestamos nuevos si no aceptaban pagar la deuda de la dictadura y el consenso entre observadores era que el derecho internacional requería que los países reconocieran las obligaciones contraídas por gobiernos anteriores. Años después, dos profesores de Harvard plantearon la “doctrina de deudas odiosas”, en la que las deudas adquiridas por un gobierno ilegitimo no serán transferidas al gobierno sucesor.
Era tarde para Panamá pero contexto es todo. Cuando Estados Unidos nos invadió y teníamos que reconstruir el país además de pagar la deuda externa, Washington no aceptó la idea de que esto era injusto. Pero cuando Estados Unidos invadió a Irak en 2003, Washington entonces sí decidió que era injusto hacer que el pueblo iraquí pagara las deudas de Sadam Husein. Shirin Ebadi, premio Nobel de la Paz, dijo al New York Times: “Prestarle dinero a tiranos es fortalecerlos y hacerse cómplice de sus atropellos a los derechos humanos”. Así, Irak tuvo un beneficio que a Panamá se le había negado.
Es por analogía que la situación actual me ha hecho pensar en la doctrina de deudas odiosas. Obviamente, el actual gobierno en Panamá no es un gobierno dictatorial como el que cayó en 1989 –ambos PRD, sin embargo– y la deuda minera que nos amenaza no fue contraída por préstamos internacionales. Pero lo odioso de ambas deudas está en la injusticia de que al pueblo panameño se le obligue a pagar compromisos adquiridos sin su consentimiento. El gobierno de Cortizo, sabiendo muy bien que el pueblo no quiere la mina, lo aprobó apresuradamente y a nuestras espaldas, atrapándonos en un callejón sin salida donde la empresa minera gana de todos modos y el pueblo panameño pierde de todos modos. Un fallo de inconstitucionalidad podría invalidar el contrato, pero falta por verse si eso de verdad nos ofrece una salida.
Y además está el alarmante endeudamiento –también odioso– que nos dejará el gobierno de Cortizo. Entiendo que el gobierno actual ha aumentado la deuda pública por más de $16 mil millones, también sin el genuino consentimiento del pueblo. La furia en las calles que llevamos un mes de estar viendo es un rechazo no solamente al contrato minero, sino también a un gobierno que despilfarra con instancias de presunta corrupción y sin rendición de cuentas; pero que rehúsa gastar lo necesario en hospitales, escuelas y servicios públicos. Es como si todavía estuviéramos en dictadura, donde la voluntad y el consentimiento de la población no importan porque gasten lo que gasten, al pueblo se le pasará la cuenta.
Lamentablemente, la idea de endeudamiento odioso no nos salvó en 1990 y no nos salvará ahora. Nos sirve solo para ahondar en la lección de que tenemos que aprender a elegir gobernantes y diputados dignos, comprometidos con respetar la voluntad ciudadana y manejar los fondos estatales con rectitud.
Lo inmediato, no obstante, es que comprendamos que la jugada de la minera es asustarnos con la amenaza de una demanda por cuantías inimaginables. “Las empresas extractivas inflan la demanda por compensación” como táctica “para asustar a los gobiernos y crear un efecto congelador [chilling effect]”, me explico Manuel Pérez-Rocha, del Institute for Policy Studies en Washington, D.C. Él es coautor del informe Casino del extractivismo: Las empresas mineras apuestan con la vida de los pueblos y la soberanía de los países de América Latina usando el arbitraje supranacional. El informe (de 2019) examinó 38 casos en Latinoamérica; más de la mitad son de Canadá. Pérez-Rocha subrayó que en un caso reciente contra Panamá —el proyecto minero de Cerro Chorcha—, la empresa Dominion Minerals reclamaba $268 millones y el fallo final fue a favor de ellos, pero solo por $15 millones. En otras palabras, las empresas mineras juegan ruleta con el porvenir de los países.
La Autora es abogada y periodista jubilada
