Enero suele ser época de vacaciones y alegría, pero el próximo verano podría traer comunidades sin abastecimiento, agua no potable, alimentos más caros y restricciones en el Canal de Panamá. Esto profundiza una problemática ya existente.
En la región de Azuero se han cumplido casi 15 meses desde la contaminación del río La Villa. Mientras MiAmbiente afirma que las aguas pueden potabilizarse, el Ministerio de Salud reconoce que el agua que llega a muchos hogares sigue sin ser apta para el consumo humano.
Durante las últimas dos semanas se han reportado al menos 18 publicaciones periodísticas sobre interrupciones, fugas, contaminación y dificultades de abastecimiento en Panamá Norte, Chilibre, Pedregal, Betania, Arraiján, Colón, Chiriquí y Azuero. Esto refleja la persistencia de los problemas a lo largo del país.
El cronograma semanal de intervenciones incluyó acciones en Chepo, Pacora, Chame, Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Colón y Darién. Aunque no todas las suspensiones programadas pueden considerarse negligencia, la reiteración de estas evidencia la fragilidad del sistema hídrico.
Una amenaza anunciada
La NOAA prevé más del 90% de probabilidad de un fuerte El Niño para el otoño e invierno de 2026-2027; la Universidad de Columbia eleva esta cifra al 97% para marzo-mayo y la OMM también alerta sobre su aumento. Aunque estas predicciones no aseguran menos agua en los embalses, ignorarlas es riesgoso. Noviembre será decisivo para saber si Gatún y Alhajuela tendrán niveles adecuados antes del verano. Si El Niño continúa hasta la primavera de 2027, la recuperación de los embalses será difícil. Esperar para actuar solo retrasa la respuesta al problema.
Se han identificado aproximadamente 1.200 plantas de tratamiento de aguas residuales colapsadas, de las cuales 17 están aguas arriba de potabilizadoras. Sumando otros sistemas, 24 instalaciones pueden afectar fuentes de consumo humano.
La recuperación de estas plantas aún carece de un presupuesto oficial, y su funcionamiento requiere personal, energía, mantenimiento y controles continuos.
Las consecuencias llegan a hospitales y hogares, dificultando la higiene y la esterilización, incrementando las enfermedades gastrointestinales y elevando el riesgo para niños, adultos mayores y pacientes crónicos. Una crisis prolongada afectaría el inicio del año escolar y obligaría a las familias a gastar más en agua embotellada y cisternas.
En zonas rurales, la escasez de agua significaría la disminución de la producción de vegetales y frutas, el deterioro de pastos, problemas ganaderos y menor producción de carne, leche y derivados. El resultado sería un aumento del costo de vida, pérdida de empleos rurales y mayor dependencia de importaciones.
El Canal y la gestión de fugas
La Autoridad del Canal informó que entre mayo y agosto las lluvias estuvieron un 34% por debajo del promedio histórico y los aportes hidráulicos disminuyeron un 44%. Los cupos diarios de tránsito bajarán a 34 y luego a 32 durante septiembre.
Menos tránsitos implican menor actividad logística, menos ingresos públicos y mayores riesgos para el empleo, mientras que el consumo humano debe ser prioritario.
Aproximadamente la mitad del agua producida por Chilibre se pierde por fugas. El Idaan desarrolla el programa “Panamá sin Fugas” y ha realizado reparaciones con un número limitado de cuadrillas, pero surge la pregunta de si 80 trabajadores son suficientes, cuántas rupturas existen a nivel nacional y cuántas fugas permanecen pendientes de reparación.
El programa ha recuperado 18 millones de galones, cerca de una sexta parte de las pérdidas atribuidas solo a Chilibre, aunque ambas cifras corresponden a ámbitos diferentes. El avance es notable, pero aún, en plena crisis, no alcanza la cobertura, continuidad y escala necesarias para una emergencia nacional.
Existe un préstamo del BID de $250 millones destinado a mejorar la gestión del Idaan. Es necesario exigir indicadores públicos sobre las pérdidas recuperadas y las horas efectivas de abastecimiento.
Instituciones, funciones y recursos
El Gobierno debe declarar una emergencia nacional por seguridad hídrica y reorganizar su presupuesto en torno a responsabilidades concretas. La comisión interinstitucional debe presentar metas por provincia, responsables definidos, cronogramas de ejecución y resultados verificables.
Al Idaan, encargado de la potabilización, las redes y el saneamiento, se le asignarían $441,9 millones, reservando al menos $50 millones para rehabilitar Chilibre y fortalecer cuadrillas, bombeo y plantas prioritarias. Al MIDA le corresponderían $355,1 millones, incluidos $219,7 millones de inversión para proteger la agricultura, la ganadería, los reservorios, el riego y los pozos. Recientemente se obtuvieron $2,3 millones para tres perforadoras, pero garantizar una o dos por provincia costaría entre $7,7 y $15,4 millones, por lo que faltarían entre $5,4 y $13,1 millones más, además de estudios hidrogeológicos y mantenimiento.
El Minsa recibiría $3.844,9 millones, incluidos $172 millones para salud ambiental, y debería especificar cuánto destinará a vigilancia del agua, laboratorios y abastecimiento hospitalario. MiAmbiente, responsable de cuencas y descargas contaminantes, solicitó $134,6 millones y debe recibir un presupuesto acorde con las necesidades reales para recuperar las fuentes de agua, ya que con $13.440 por cuenca no se demuestra seriedad.
El BDA solicita $20 millones adicionales para pequeños productores y soluciones hídricas. Meteorología e Hidrología requieren fondos para pronósticos, caudales y acuíferos. Rehabilitar Chilibre, cumplir con lo solicitado por todas las instituciones, ampliar el número de perforadoras y respaldar el crédito agropecuario supone un mínimo de $120 millones a $128 millones, sin incluir reservorios, redes y plantas de tratamiento de aguas residuales.
Prioridades nacionales y medidas urgentes
Mientras tanto, la Asamblea Nacional, con $97 millones proyectados, aspira a entre $160 millones y $175 millones. Este no es el momento de ampliar planillas, aumentar remuneraciones, crear salarios para suplentes, impulsar una constituyente, destinar $10 millones al ferrocarril o normalizar una villa diplomática de $7,1 millones.
Se requieren cuadrillas permanentes, ahorro responsable, reservorios y perforaciones científicamente planificadas. También es necesario acelerar el proyecto de río Indio, respetando los estudios ambientales y a las comunidades, aunque no resolverá la crisis de enero de 2027.
Las primeras medidas deben iniciarse con los recursos de 2026, apostando por la transparencia, la fiscalización y metas públicas.
Si las autoridades no advierten la seriedad de la situación, en medio de la desaprobación de su gestión, estarán jugando con una situación de gran peligro, pues enero nos sorprenderá sin agua, con alimentos más caros y el Canal restringido; y no podremos culpar únicamente a El Niño. Habrá que admitir que conocíamos el peligro y preferimos financiar otras prioridades.
El autor es exministro de Vivienda y neurocirujano.
