Presidente Juan Carlos Varela

¿Lo estarán engañando?

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Con todo respeto, y apelando a mi derecho incuestionable de libre expresión, quiero externar públicamente algunas de las innumerables situaciones donde pareciera que sus subalternos, incluyendo a los que ya lo han abandonado y no necesariamente van a optar por puestos de elección, no le hacen caso a las leyes de supuestos incentivos que nunca llegarán a tiempo a quienes les corresponde, además de falta de objetividad en las cifras publicadas de las finanzas públicas.

Empecemos por la recién promulgada ley que permite la deducibilidad de los gastos escolares, “cuyos gastos podrán ser deducidos y se reflejará en las declaraciones de renta presentadas en marzo de 2020”. El trámite correspondiente sería solicitar la devolución del crédito resultante a favor del contribuyente ante la DGI y esperar que se emita la resolución correspondiente. ¿Sabía usted que la DGI tiene pendiente de tramitar devoluciones de ingresos desde el año 2013 en adelante? Probablemente ese contribuyente asalariado recibiría ese beneficio líquido para el año 2027, repito dos mil veintisiete.

El monto del déficit que nos publican no representa la realidad completa, pues está siendo manipulado con artificios y medidas para, dizque, mantener el déficit a un nivel que permita conservar el grado de inversión otorgado a Panamá. El no pagar los incentivos adeudados a los generadores de empleo no solo va en contra de su pregón de crear empleomanía, sino que no los contabiliza el Estado, pues representarían una merma en los ingresos corrientes y, por lo tanto, un aumento en el déficit. Algo similar sucede con las cuentas por pagar locales que tiene el Estado, que tampoco se contabilizan para no aumentar el déficit que nos presentan las cuentas comerciales por pagar a proveedores locales, algunas que datan de hace más de un año, sino hasta que se paguen, y se pudiera adivinar que rondan por los $2 mil millones (dos mil millones de dólares). Están también las deudas de las entidades descentralizadas, tales como Tocumen, ENA y similares, que tampoco se computan para la cifra que se publica para la deuda externa.

La interrogante del momento: ¿Tienen derecho los ciudadanos de saber verdaderamente cuánto es el monto total consolidado de la deuda nuestra, cuya carga impactará hasta los tataranietos o más allá? Un estimado conservador predice que actualmente ronda entre $35 mil millones y los $40 mil millones, pero ¿quién nos dirá la verdad?

Sea presidente y haga que se paguen oportunamente los adeudos a quienes generan empleos, las cuentas comerciales y las devoluciones de impuestos cobradas de más, para así reactivar inmediatamente la economía tan golpeada producto de la irresponsabilidad del Estado. Si a esto le agregamos alguna de las repugnantes actuaciones de los tres órganos del Estado, ¿qué será de los panameños?

La historia y la fantasía nos han indicado, en innumerables ocasiones, que cuando se pierde la gobernabilidad por opresión, corrupción, apetitos desmesurados de políticos, abusos y omisiones surgen defensores espontáneos, tales como Espartaco, Robin Hood, el Llanero Solitario, Batman, y hasta Pancho Villa. El Estado continúa fomentando un clima propicio para que se repita la historia en Panamá y veamos justicieros, como la palabra lo implica, “haciendo justicia”.

El autor es ciudadano

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