No es extraño escuchar a politólogos, funcionarios, legisladores, comunicadores y juristas demandarle al gobierno, gremios o grupos sindicales que se reúnan para lograr consensos o diálogos y solventar sus marcadas diferencias. Consultando a la Real Academia Española (RAE) sobre lo que significa “consenso”, resultó ser: “Un acuerdo producido por el consentimiento de todos los miembros de un grupo o de varios grupos”, y recalco la palabra todos porque, en mis más de 80 años, difícilmente he visto —ni siquiera en el seno de las familias más unidas—ponerse de acuerdo todos sus miembros. Igual insisten en establecer diálogos. Allí, la definición de la RAE es: “Conversaciones o discursos entre dos o más personas en las que se intercambian ideas o información”. Esto me reafirma que los diálogos son, lo que todos sabemos que son, intercambios para dilatar mediante disertaciones entre las partes, preferiblemente si son televisados.
Esto me condujo a buscar la definición de “negociaciones” o “convenios de paz”, que son: “Conversaciones formales entre personas, grupos o gobiernos con el objeto de resolver conflictos o llegar a acuerdos”. Quise traer al papel estas definiciones porque es obvio que, por un lado, no veo absolutamente ninguna posibilidad de lograr consensos con nuestros líderes sindicales, y por el otro, ningún gobierno democrático debe sentarse a dialogar o negociar si previamente la contraparte introduce una lista de condiciones extremas para sentarse a negociar. Eso se llama coerción.
Estamos muy próximos a tratar de ventilar dos temas de sumo valor y trascendencia para nuestro país: la reapertura de la mina de Cobre Panamá y el proyecto de reservorio de río Indio. En mi opinión, ambos temas conllevan un enorme bienestar social y responden a necesidades colectivas. Por lo tanto, los tres poderes del Estado deben considerarlos de alto interés público, ya que está en juego el desarrollo y la estabilidad económica de todo el país.
Los influencers, comunicadores sociales y ciudadanos debemos actuar con seriedad, patriotismo y conciencia, y dejar a un lado diferencias políticas, étnicas, religiosas o sociales, pues está en riesgo el futuro de las próximas generaciones.
Yo comenzaría por resolver el que considero el menos controversial, ya que se trata de un proyecto nuevo, de altísimo beneficio nacional para mantener la mayor fuente de divisas del país. Además, la única manera en que la provincia de Panamá, Panamá Oeste y Colón puedan garantizarse por los próximos 50 años el abastecimiento de agua potable es mediante el proyecto de embalse de río Indio. El agua es nuestro mayor generador de divisas extranjeras, y podemos vivir sin energía, sin calles, sin carnavales, sin cerveza, incluso sin celular, pero sin el preciado líquido, no.
El segundo tema, no menos importante para el país, tiene su ingrato origen en el lamentable concepto de algunos inversionistas extranjeros y sus asesores locales, que consideraron que aún somos una “banana republic” y, por lo tanto, se pueden retorcer las leyes mediante influencias, poder político o económico. No ahondaré en su historial, pues ya lo hice en cuatro artículos de febrero de 2024, titulados “El cuco del arbitraje minero”, donde dejé claro que no estoy en contra de una minería honesta y limpia, pero sí en desacuerdo con la forma en que actuaron las empresas Adrian Resources (1991), Minera Petaquilla (1997), Petaquilla Gold o Petaquilla Minerals (2010), propiedad de Inmet Mining, y finalmente Minera Panamá o Cobre Panamá, propiedad de First Quantum (2023).
Teniendo en cuenta la pérdida en provincias centrales de tan importantes fuentes de trabajo, el necesario cierre ambiental y los costosos pleitos arbitrales que tendremos que dirimir, no veo otra opción que reabrir para cerrar. Solo mediante un plan bien estructurado y un nuevo operador se podrán obtener los recursos financieros necesarios y el Estado podrá afrontar en la próxima década las multimillonarias demandas presupuestarias que se vislumbran.
No existe ni varita mágica, ni nada que podamos resolver con diálogos o consensos.
El autor fue ministro de Comercio e Industrias y embajador de Panamá tanto en Washington como en Italia.
