No olvidemos que, como presidente electo, Laurentino Cortizo dijo: “… los diputados van a tener una asignación razonable para su secretaria, conductor y asesor... Para eso, no para estar contratando personas en el área del circuito, sino que vayan y trabajen”. Agregó: “Que no se equivoquen con Nito, que se olviden del chantaje y lo digo como presidente electo: con Nito Cortizo, ese estilo no funciona”. Y finalizó diciendo: “Que del Legislativo vengan a imponerme lo que yo tengo que hacer, se equivocaron”. Veamos.
En 1990, el presupuesto de la Asamblea Nacional fue de $11.2 millones y de $13.2 en 1991 (con casi la misma cantidad de legisladores). En 2009, se encaramó en $57.6 millones y en 2014 iba por $65.6 millones. En 2019 estaba en $123.2 millones, es decir, un presupuesto doblado en cinco años, mientras que en 2020 (en plena pandemia) dispuso de $99.6 millones. En 2021 inició con $107 millones y terminó gastando $200.9. Pero, ¿que resulta en 2022? Sorpresivamente, el gasto de la Asamblea Nacional supera nuevamente los $200 millones al mes de julio, cuando se habían aprobado $143.9 millones.
Pero según el contralor general de la República, no nos debemos preocupar para el 2023, porque hubo “contención”. Porque le están aprobando ahora a la Asamblea Nacional la suma de $150 millones (la aprobación inicial más alta de la historia republicana) en el presupuesto de 2023. A pesar de ser más de los $143.9 millones que les aprobaron en 2022, pero que lo han llevado a los $200.1 millones a julio de este año, a punta de traslados de partidas y créditos adicionales. En 31 años, ese presupuesto ha crecido en 1,693.7%.
La suma de $150 millones para 2023 representa $2.1 millones en promedio por cada diputado. De 1990 hasta 2014, la planilla de cada diputado costaba $4 mil mensuales, siendo elevada por iniciativa del gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019) a 30 mil.
Y entendemos que ahora, demostrando Cortizo una contención a su manera, parece que les otorga $20 mil mensuales para mantenerlos “tranquilos” o “controlados” agregamos, inútilmente porque ni caso le hacen. El Parlamento de Costa Rica (que se maneja con 57 parlamentarios), un país con más habitantes que Panamá (supera los 5 millones), tiene un presupuesto de $75 millones, pero que incluye a la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Mientras que un país como Colombia, de 51 millones de habitantes y un congreso bicameral (108 senadores y 188 representantes), tiene un presupuesto de $145 millones.
De sus 5,650 funcionarios reportados en la Asamblea el mes de abril de 2022, 3 mil 45 son eventuales (la mayoría) mientras 2 mil 605 son permanentes. El pago mensual a los eventuales fue de $8.8 millones, que entre 3,045 implica un pago promedio por eventual de $2 mil 900 al mes. Mientras que el pago mensual de los permanentes fue de $4.6 millones. Todo un derroche que impide invertir en infraestructura, salud, educación y transporte para mejorar la calidad de vida del panameño, porque casi no ha habido una sola inversión importante en este período presidencial que genere empleo y oportunidades. Solo planillas para sus botellas.
Lo más paradójico es una conclusión reciente del ministro MEF, el mayor culpable de esta debacle. El ministro nos recordó que la contención que hicieron en 2020 y 2021, que fue un poco más del 10% del sector público no financiero y que equivale a $3,500 millones, “afecto los presupuestos de casi todas las instituciones públicas”. Por supuesto que se afectaron los presupuestos del Idaan, MiBus y la Autoridad de Aseo. Pero la Asamblea Nacional no se contentó con la “asignación razonable” a la que se refirió Cortizo. Su despilfarro parlamentario arreció, adicionándose el Macallan como un ingrediente más al caos social, económico y político de hoy, debido principalmente, a ese comportamiento descarado frente a la corrupción y el débil sistema de justicia, al igual que un Estado de derecho e institucionalidad democrática sometidos al clientelismo y el derroche de fondos públicos.
El autor es abogado.
