En Panamá, hablar de negligencia médica continúa siendo un tema incómodo, pero cada vez más imposible de ignorar. El aumento de casos denunciados en hospitales públicos y privados ha expuesto no solo errores humanos, sino también profundas deficiencias estructurales dentro del sistema de salud. Sin embargo, más allá de la indignación pública que estos casos generan, persiste un problema aún más preocupante: la dificultad para investigar y determinar responsabilidades con claridad, objetividad y transparencia.
Diversos casos recientes ocurridos en hospitales públicos de distintas provincias del país han vuelto a colocar el debate sobre la mesa. Muertes de pacientes en circunstancias cuestionables, denuncias por atención tardía e investigaciones por posibles errores médicos han vuelto a colocar el debate sobre la mesa. No obstante, muchos de estos procesos terminan enfrentándose a los mismos obstáculos: investigaciones lentas, falta de respuestas oportunas y una percepción ciudadana de incertidumbre frente al acceso a la justicia.
Actualmente, la legislación panameña contempla sanciones generales relacionadas con la mala praxis en los servicios de salud, pero aún carece de mecanismos suficientemente claros y especializados que permitan evaluar con precisión posibles actos de negligencia profesional. En la práctica, esto obliga a que tribunales, fiscales y peritos interpreten cada situación de manera aislada, generando procesos prolongados y, en algunos casos, decisiones contradictorias.
Resulta innegable que el sistema público de salud enfrenta desde hace años profundas carencias estructurales y limitaciones operativas. La falta de recursos, la sobrecarga hospitalaria y las deficiencias administrativas son realidades que no pueden ignorarse.
Sin embargo, reconocer dichas dificultades tampoco debe impedir que posibles actos de negligencia profesional sean investigados con rigor técnico y transparencia. La precariedad institucional no puede convertirse automáticamente en un mecanismo de dilución de responsabilidades individuales cuando existen indicios claros de actuaciones profesionales cuestionables.
Al mismo tiempo, también es importante reconocer que no todo desenlace adverso constituye necesariamente una mala práctica sanitaria. La medicina implica riesgos, complejidades y situaciones imprevisibles que muchas veces escapan completamente del control humano. Precisamente por ello, Panamá necesita investigaciones más técnicas, imparciales y especializadas, capaces de diferenciar entre complicaciones inevitables, deficiencias estructurales y auténticos actos de negligencia profesional.
Cuando los casos de posible negligencia médica permanecen durante años sin respuestas claras, el daño trasciende a las víctimas directas. También se deteriora la confianza ciudadana en las instituciones sanitarias y en la capacidad del sistema judicial para ofrecer respuestas oportunas. La incertidumbre prolongada alimenta la percepción de impunidad y profundiza la distancia entre la población y el sistema público de salud.
Otros países de la región han avanzado más rápidamente en esta materia mediante protocolos especializados, mecanismos periciales más ágiles y procedimientos de evaluación técnica más transparentes. Panamá aún mantiene importantes vacíos en este aspecto.
La discusión no debe orientarse hacia una persecución indiscriminada contra los profesionales de la salud, pero tampoco quedar automáticamente absorbida por la narrativa del “sistema deficiente”, normalizando silenciosamente errores que pudieron evitarse.
Una sociedad seria necesita instituciones capaces de investigar con objetividad, sancionar cuando corresponda y proteger tanto los derechos de los pacientes como la seguridad jurídica de quienes ejercen la medicina con responsabilidad.
La salud no puede depender de interpretaciones ambiguas ni de investigaciones interminables. Fortalecer los mecanismos para esclarecer posibles casos de negligencia médica no significa debilitar al sistema sanitario; significa fortalecer la justicia, la transparencia y la confianza pública en uno de los servicios más sensibles para cualquier sociedad.
El autor es abogado e investigador en temas de políticas públicas, institucionalidad y administración de justicia.
